Leo el comentario de Raúl Vilas sobre los relatos de Fernando Aramburu, expresivos del insondable envilecimiento moral de la sociedad vasca, un envilecimiento que se va extendiendo por todo el país. Mucha gente se pregunta a qué obedece este fenómeno, al parecer imparable. A primera vista se debe al terrorismo, pero no es así en modo alguno.
El terrorismo sólo produce tales efectos, tan parecidos a los de la mafia siciliana, si encuentra las complicidades adecuadas en el poder público. De la complicidad del PNV con la ETA no hace falta hablar a estas alturas a cualquier persona mínimamente informada pero, desde luego, ella no ha sido suficiente. Ha hecho falta, además, la complicidad de los gobiernos de la nación. Desde la transición, y salvo el período de Aznar, los sucesivos gobiernos han defendido más a los asesinos que a los ciudadanos. No es que no hayan perseguido la ETA (excepto en la etapa de Zapo), es que al mismo tiempo que la perseguían la justificaban y la aceptaban ofreciéndole "salidas políticas", esto es, convertían el crimen en política y le ofrecían, además, premio y privilegios. Esta cooperación con los asesinos ha llegado a su culminación con el actual Gobierno, que ha llevado esos premios a niveles inverosímiles y sigue en la misma política, pese a algunas apariencias que despistan a los más ingenuos.
Esta línea de acción no mejoraba, sino que se volvía más desmoralizadora para la sociedad, con las hipócritas y rimbombantes declaraciones oficiales ante cada atentado, pura palabrería. Y empeoraba con la corrupción que ha subrayado toda la larga trayectoria del PSOE y hoy se extiende igualmente por el PP. En este sentido, el poder político casi siempre ha estado más cerca de los asesinos que de los ciudadanos. Para comprobarlo basta observar la actitud de los gobiernos –salvo, nuevamente, el de Aznar– hacia la AVT, nacida en circunstancias en que las víctimas y sus familias sufrían, además del crimen, el menosprecio y la desprotección por parte de los miserables políticos de turno, que preferían ayudar con dinero público a asociaciones de lesbianas bolivianas y similares. Una actitud que el actual Gobierno ha reproducido, a un nivel mucho peor, mediante intrigas para dividir la AVT, intimidarla, silenciarla, desprestigiarla y perseguir ante los tribunales a su principal representante. Todo ello con la colaboración, a su vez, del PP de Rajoy. Estas políticas, y no las mismas acciones terroristas, producen un terrible efecto de desmoralización social, crean sensación de impotencia en unos, doblegamiento moral en muchos, que ante la falta de protección del Estado se inclinan ante los matones y pistoleros, considerándolos casi como protectores; e inducen a otros, directamente, a identificarse con el matón, el que sabe imponer miedo y aparece como el vencedor a la larga.
¡Tanto se ha insistido, además, en el dogma del monopolio de la violencia por el Estado, para frenar la indignación! Pero ese monopolio sólo puede respetarse cuando se ejerce en pro de la ley y la ciudadanía. En ningún otro. Y si el terrorismo está hundiendo la urdimbre moral de la sociedad se debe ante todo, repitámoslo, a esa connivencia ambigua con los pistoleros por parte de los poderes públicos. Unos poderes que el ciudadano percibe, además, como muy corruptos, en lo que no yerra.