Paraguay tiene el gobierno más corrupto del continente de acuerdo a Transparencia Internacional. Es una cueva de ladrones. Por eso la gente aplaudió con esperanzas el despido de altos funcionarios en la seguridad social (IPS), alentada por el presidente electo Nicanor Duarte Frutos, quien asumirá el poder en agosto. Asumen que si éste prosigue la depuración pronto acabará el robo al erario. No es así, lamentablemente. Ni castrando a los burócratas se terminará la corrupción, si antes no se reforma el estatismo que es la causa del problema.
El emperador romano Constantino (306-337 DC), quien se destacó como militar y hombre implacable, solía castrar a los servidores públicos. Pero no como un castigo a funcionarios deshonestos o indolentes, sino como prevención de la corrupción. Constantino, considerado modelo de la virtud y santidad cristiana, pensaba que los funcionarios públicos debían ser leales sólo al césar (el Estado), y no a ellos mismos o a sus familias. Suponía que los eunucos se libraban de la codicia, las flaquezas y pasiones de los hombres normales y así podían llegar a ser verdaderos servidores públicos. Estaba equivocado.
El gran Constantino, que venció a todos sus poderosos enemigos y legalizó el cristianismo adoptándolo como religión oficial del imperio, no consiguió derrotar a la corrupción empotrada en el servicio público del imperio. No logró que los funcionarios dedicaran sus vidas a trabajar honesta y desinteresadamente por el pueblo aún despojándolos de su naturaleza humana. En la Roma de Constantino, pese a que los funcionarios ya no tenían esposas, hijos o amantes, el robo a las arcas del imperio prosiguió inalterable. El problema fundamental de la corrupción, entonces como ahora, no era hormonal, sino estructural: el estatismo.
El estatismo, la noción de que las necesidades de los pueblos se atienden mejor a través de la política que por el acuerdo voluntario entre las personas, está en la raíz de las fuerzas que corrompen a los gobiernos. Esta noción se sustenta en la mentalidad paternalista de que toda actividad debe estar regulada por leyes, normas y reglamentos para evitar el fraude y proteger a los más incautos. Las desmedidas restricciones, papeleos e injerencias en la economía de los gobiernos, sin embargo, crean las bases para la corrupción, independientemente de la honestidad de los gobernantes, como se observa en países con regímenes estatistas como Irán y China, que imponen atroces castigos a los corruptos.
Los estatistas consideran que si hay un problema, la solución debe darla el gobierno. No ven que el gobierno es parte del problema y que cuanto menos intervenga en las actividades de la gente, y menos leyes reglamenten la producción y el comercio, y mayor sea la libertad económica, menor será la pérdida de tiempo y dinero en trámites innecesarios y complicados, y menores serán las posibilidades de robos, sobornos, derroches y fraudes al estado. Los costos de la excesiva burocracia e intervensionismo estatal han condenado a siete de cada diez paraguayos a trabajar al margen de la ley, en el sector informal.
El presidente Nicanor Duarte Frutos podrá resistir a la súplica de los amigos, las presiones políticas y las demandas de los grupos de poder, y nombrar funcionarios honestos y capaces para dirigir las oficinas y entes de la administración pública. Podrá sanear el sector público de los miles y miles de ladrones y prebendarios, muchos de los cuales conforman la clientela política de su propio partido. El achicamiento del estado reducirá drásticamente el robo, el despilfarro, el déficit fiscal y la malversación de fondos públicos, que empobrecen a la población. Pero, por más coraje y decisión que tenga, sin las reformas no podrá solucionar la corrupción que nace del sistema estatista.
Para dar un golpe mortal a la corrupción no es necesario contratar ángeles consagrados a la función pública, y menos aún castrarlos, buscando despojarles de su debilidad humana. Sólo es preciso liberalizar la economía, eliminar la burocracia y las leyes innecesarias, derribar el monopolio de la seguridad social, abrir los mercados a la competencia y privatizar todo lo que ha sido inútilmente socializado. Es necesario restringir la injerencia del gobierno en la economía y pasar las ineficientes empresas estatales a la gente. El dilema de Constantino no tiene otra solución que la libertad económica.
Porfirio Cristaldo Ayala es corresponsal de © AIPE en Asunción y presidente del Foro Libertario.
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