El Paraguay tiene un gusto por la pobreza. Eso se nota en la predilección por el paternalismo estatal y el caudillismo, el rechazo al libre comercio, la desconfianza hacia la empresa privada, el temor al avance tecnológico, la defensa del clientelismo político y el apego a las empresas estatales. A casi 15 años de la caída de la dictadura, sigue intacta la maquinaria estatista que restringe la libertad económica y mantiene a la gente en el atraso y miseria.
Una de las empresas estatales más absurdas creadas para robar a la gente es la Industria Nacional del Cemento (INC), una cementera con tecnología y equipos obsoletos, profusa clientela política, y en la que durante décadas se han saqueado fondos públicos a costas de los pobres. No obstante, su privatización es impensable. Tiene un valor electoral formidable debido al voto cautivo de sus numerosos empleados y dependientes. Por eso, en lugar de asignar el dinero de los contribuyentes a la educación y salud, el gobierno paga todos los años sus deudas.
Al déficit de la estatal ahora se le agregó otro problema: la necesidad de competir. Al perder el monopolio, la INC debe competir con otras empresas, en especial, de Brasil y Argentina, con fábricas modernas y automatizadas, y libre acceso al mercado gracias al Mercosur. El primer grito de pánico de la INC se dio con la presentación al Ministerio de Industria (MIC) de una denuncia de "dumping" o "comercio desleal" contra una importadora de cementos, que supuestamente vende a precios por debajo del costo.
Los precios de la importadora son "irreales" según INC, con el objeto de pagar menos impuestos y "manejar" el precio al consumidor, y de ese modo destruir a la estatal INC, "perjudicando enormemente sus actividades comerciales y de producción". En los últimos meses, la competencia ha llegado a conquistar una tercera parte del mercado de cementos en Paraguay, debido a la preferencia de los consumidores, aunque más por la calidad y peso justo que por el menor precio del cemento.
La retórica detrás del "dumping", en todas partes, denuncia la utilización, especialmente por empresas extranjeras, de "precios depredadores” por debajo del costo marginal de producción con el fin de llevar a la quiebra a las empresas nacionales. Una vez eliminada la competencia, las empresas depredadoras supuestamente suben los precios y recuperan sus pérdidas, con lo que perjudican no sólo a los competidores, sino también a los consumidores.
La realidad, sin embargo, es muy diferente. Las normas “antidumping” que obligan a los competidores a alzar sus precios no son sino parte del antiguo proteccionismo opuesto a las importaciones y a favor de las industrias nacionales que no desean competir. Estas normas restringen la competencia, impiden el avance de la eficiencia productiva y perjudican a los consumidores, obligándoles a comprar un producto más caro o de menor calidad, para beneficio de los empresarios y políticos locales.
Lo que pretende la INC con su denuncia de "dumping" es restringir la competencia, de modo que en el mercado local los competidores extranjeros no puedan ofrecer cemento a un precio menor. Para salvar a una obsoleta empresa estatal y su clientela política, el gobierno decidirá en contra del interés de la inmensa mayoría de la población, de comprar el mejor cemento al menor precio posible. No importa que ello signifique dejar sin techo y empleo a miles y miles de personas.
¿Pero que pasaría con los miles de obreros de la INC si no se frena la competencia? La INC se pondría a la venta y muchos serían despedidos. Por otra parte, las personas comprarían cemento a menor precio y tendrían más dinero para comprar otras necesidades, ampliando la demanda y creando nuevos empleos. A su vez, las empresas extranjeras que venden cemento tendrán que comprar bienes locales para utilizar sus guaraníes, creando nueva demanda y empleos. En todos los casos, la gente siempre saldrá beneficiada, habrá más empleos que antes, industrias más eficientes, mejores productos y precios más bajos.
El espíritu del proteccionismo sobrevive después de tantos siglos porque permite a ciertos grupos de intereses hacerse ricos a expensas del empobrecimiento y el atraso de los pueblos. Así, la INC, pese a ser una industria parásita, obsoleta y deficitaria, ha originado grandes fortunas para los grupos de poder político durante décadas.
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