El ajuste fiscal que el FMI impone al Paraguay como condición para socorrerle y evitar la cesación de pagos sigue los mismos principios que ocasionaron el caos en todas partes: reducir el déficit fiscal aumentando los impuestos, en lugar de disminuir el gasto público e impulsar las reformas. Es más fácil seguir exprimiendo a la gente para solventar al gobierno que ejercer austeridad y ajustar el cinto a la clientela política.
El gobierno ideó un proyecto de ley del “impuestazo” que creará impuestos a los automóviles, los servicios, la educación, las cooperativas, combustibles, medicamentos, libros, alimentos, alquileres, bebidas, juguetes, olvidando que el país sufre una recesión de cinco años que lo sumió en la miseria. También creó un impuesto del 10% a asalariados con más de dos sueldos mínimos, pero lo descartó luego de la crisis en Bolivia, que intentó un impuesto muy parecido. No en balde se dice que detrás de las crisis sociales siempre está el FMI.
Pero en Paraguay el FMI inauguró una receta incluso peor. Aparte de sus nefastos planes para exprimir a la gente con más impuestos que el gobierno despilfarrará luego en clientelismo e ineficiencia, sin exigir primero acabar la feroz corrupción, racionalizar el aparato estatal, desmonopolizar los mercados y privatizar las estatales, el Fondo antepuso su agenda política de la redistribución de la riqueza: recomendó crear el impuesto a la renta personal (IRP).
La intención del FMI no es aumentar la recaudación fiscal, sino simplemente castigar con otro 10% más a los que tienen ingresos más altos (diez salarios mínimos). Pero no es a los ricos a quiénes castigarán, dado que no se gravará la riqueza, sino a los que más producen y se esfuerzan, empresarios, profesionales, técnicos y, en especial, los asalariados, que no pueden esconder sus ingresos. A más del montón de nuevos tributos tendrán que dar su diezmo (10%).
La diferencia con los otros impuestos es que el IRP cuesta más de lo que recauda y es tan complicado de percibir que será necesario crear una gran oficina con miles de empleados para controlar a los nuevos contribuyentes, que a su vez dedicarán días enteros para preparar sus declaraciones juradas y la documentación que avale sus ingresos y egresos. Surgirán nuevos gestores y coimeros. El IRP no reducirá la evasión del IVA, dado que no afectará a muchos contribuyentes.
La motivación del FMI no es económica sino política: reducir las desigualdades sociales. El país está al borde del colapso, pero ellos se preocupan de la lucha de clases, sabiendo que toda redistribución, indefectiblemente frena el crecimiento económico. El viejo sueño de la izquierda tampoco hace realidad el IRP, pues no grava el patrimonio de los ricos, sino el esfuerzo de los que trabajan, ahorran e invierten. No afecta al rico, sino al más productivo, al que crea empleos y mejora la calidad de vida de la gente.
La ventaja del IRP para el gobierno es que no causará movilizaciones y huelgas, pese a que la mayoría de los afectados serán trabajadores en relación de dependencia. Muchos sindicalistas no se percatan que si bien en un principio el IRP afectará sólo a los que ganan diez salarios mínimos, la base bajará año a año hasta alcanzar a todos.
Paraguay no necesita más impuestos, sino menos gasto público, menos evasión, menos derroche y menos corrupción. Para recaudar más y pagar la deuda se debe ampliar la base tributaria e impulsar el crecimiento económico. Y para crecer sólo es preciso liberar las gigantescas fuerzas productivas e inversiones paralizadas por los monopolios. El país es un coloso encadenado por excesivas regulaciones, inseguridad jurídica, proteccionismo y la vieja cultura del trámite y la coima.
Los nuevos impuestos ahondarán la recesión y la pobreza. Pero el más nocivo e inútil de ellos será el IRP, no sólo por que costará más de lo que recauda, sino por que en lugar de gravar el consumo de riqueza, como el IVA, gravará la producción de riquezas, frenando el ahorro, inversión y creación de nuevas oportunidades y empleos. Buscando redistribuir la riqueza se terminará arruinando a los más pobres.
Pero el problema más importante del IRP no es económico sino moral. Es una agresión a la libertad y la igualdad. Todos los habitantes son iguales ante la ley, excepto los que ganan más de 10 salarios mínimos. Más importante, el IRP viola el derecho sagrado de las personas a disponer del fruto de su trabajo.