El Impuesto a la Renta Personal (IRP) que el gobierno paraguayo introdujo en su reforma tributaria no fue cuestionado por nadie. La gente aún no se percata de los enormes perjuicios que ocasionará. Y lo peor, los afectados no están organizados en grupos de presión. Los que sí lo están, como los gremios empresariales, creen erradamente que permitirá eliminar la informalidad. Los únicos que saben lo que hacen son los socialistas encubiertos y sindicalistas que impulsan el IRP por motivos ideológicos.
Pero el IRP es injusto para los trabajadores, al contrario de lo que sostiene la izquierda, dado que cargará 10% a todos los que ganan tres salarios mínimos o más. No pagarán los más ricos, sino los que más producen.
Si bien el IRP es común en todas partes, su efecto es menor en países que no necesitan crecer y crear empleos. Paraguay ya soporta una carga tributaria efectiva de más del 40%, y no de 10% como sostiene el gobierno. A la inseguridad y falta de garantías a la propiedad debe sumarse la mediterraneidad del país y el estar ubicado entre los más corruptos del mundo. Además, en un país en recesión, cuyo ingreso por habitante ha retrocedido al nivel de 23 años atrás, un impuesto al ingreso indefectiblemente aumentará la evasión e informalidad.
La capacidad de ahorro de la debilitada clase media será su primera víctima, después vendrán los obreros, dado que si bien al principio pagarán los que ganan 10 salarios mínimos o más, al final pagarán todos. El IRP es nefasto porque castiga el trabajo y ahorro, frenando la inversión, producción y empleo. Inclusive en países desarrollados los proyectos de reforma tratan de cambiar gradualmente los impuestos a la renta por impuestos al consumo (a las ventas, tasas únicas o IVA), para incentivar el ahorro y la inversión. Países como Rusia lograron atraer la inversión, crecer y liberarse del FMI, adoptando impuestos al consumo.
El régimen tributario actual lograría el superávit fiscal que exige el FMI con sólo reducir la evasión del IVA (63%) a la mitad. El gobierno reconoce que el IRP no solucionará el déficit y podría costar más de lo que recauda. Pero deben aplicarlo –dicen– para cerrar el “circuito del IVA”. Absurdo. ¿Cómo es que en Uruguay, que no tiene IRP, la evasión del IVA es ínfima comparada al Paraguay, pese a que la tasa es del 23%?
La declaración jurada del patrimonio de unas miles de personas no acabará la informalidad ni detectará enriquecimiento ilícito alguno. El sector informal, en lugar de achicarse, atraerá a numerosos pequeños empresarios y profesionales que se verán forzados por los nuevos impuestos y trámites a abandonar la legalidad. El IRP convertirá en delincuentes a muchos ciudadanos honestos.
El IRP es un impuesto muy complejo. Los gremios empresariales con especialistas en tributación lo apoyan porque no han considerado todas sus consecuencias. Piensan que, pese a la nueva carga del 10% del IRP, con la reducción del impuesto a la renta de las empresas del 30% al 15% saldrán ganando. Olvidan los altos costos de cumplimiento del IRP y los costos de la intromisión del gobierno en sus finanzas particulares. Los únicos que saldrán ganando serán los contadores y abogados, así como el clientelismo y la burocracia estatal.
El IRP violará la privacidad de las personas, permitiendo el acceso a sus cuentas bancarias, inversiones, contratos, compra y venta de inmuebles. Una vez que el gobierno acceda a estos registros, sin necesidad de una orden judicial, se dejarán las puertas abiertas al abuso de poder. Si esto ocurre en EEUU, país con un sólido estado de derecho, en Paraguay será una pesadilla, en especial, para los políticos opositores. El IRP es tenebroso en manos de gobiernos opresivos.
La informalidad se resolverá sólo atacando sus raíces: el estatismo. Mientras el estado mantenga monopolios y grupos privilegiados, mientras existan costosos trámites para legalizar las empresas y los funcionarios tengan el poder de decidir sobre la inversión, habrá corrupción. Pero nada de esto interesa a los socialistas que en silencio veneran el IRP como política de redistribución, sacarle a quienes producen para repartirlo a quienes no les pertenece.