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Ramón Villota Coullaut

25 asesinatos, 18 años

Pero esta reinserción, dice el Tribunal Constitucional, no es un derecho absoluto, sino que ha de medirse conjuntamente con los delitos realizados y con que efectivamente sea posible la deseada reinserción social del delincuente

Ramón Villota Coullaut
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Ahora nos causa sorpresa que un etarra condenado a miles de años de cárcel cumpla 18 años reales de prisión y salga en libertad. Pero el Código Penal de 1973 y la forma de redimir las condenas que se fue imponiendo con el tiempo admitiéndose cualquier tipo actividad, sea laboral o de formación, para obtener una reducción de condena casi de una manera segura, tiene estas consecuencias.
 
En cualquier caso, no es hasta la reforma del 2003 del Código Penal cuando no se puso límite a estos mecanismos resocializadores, puesto que con el Código de 1995 no se impidió de una manera absoluta su aplicación, aunque sí se intentó evitar que se aplicasen genéricamente. Por ese motivo de Juana Chaos vio como más beneficioso el Código Penal de 1973. Así, si a este etarra condenado a miles de años de cárcel se le hubiera aplicado única y exclusivamente el artículo 76 del Código Penal según la reforma del 2003 –lo que no es posible puesto que sus atentados se cometieron hace unos 20 años y la legislación penal no puede aplicarse retroactivamente en contra del reo–, no hubiera podido salir de la cárcel hasta pasados 40 años de condena, no los 18 que va a pasar en realidad, y si se le hubiera aplicado el Código Penal de 1995 el cumplimiento efectivo de la prisión no hubiera podido superar los 30 años de cárcel –cuestión que es diferente a la existencia de unos mínimos de cumplimiento–, aunque los beneficios penitenciarios se aplicarían tan sólo extraordinariamente.
 
Se decía en su momento de la reforma del 2003 que nos llevaba a la prisión perpetua, algo que en el momento de su discusión parlamentaria fue muy criticado por nuestra progresía: Va contra la Constitución y la reinserción social de su artículo 25, decían. Pero esta reinserción, dice el Tribunal Constitucional, no es un derecho absoluto, sino que ha de medirse conjuntamente con los delitos realizados y con que efectivamente sea posible la deseada reinserción social del delincuente, es decir, exista voluntad de reinsertarse por parte del recluso. Todo esto ha sido recogido en la reforma del 2003 del Código Penal, tanto en lo que se refiere al máximo de cumplimiento efectivo de  las condenas como a los posibles beneficios penitenciarios que pudieran obtenerse por reclusos con cientos o miles de años de condena. Pero nuestra legislación penal e incluso la práctica judicial ha olvidado en muchas ocasiones a la víctima del delito, centrándose tan sólo en una no efectiva, pero sí aplicada, resocialización del delincuente, olvidándose que otras legislaciones europeas, favorables también a la reinserción del delincuente, mantienen en sus Códigos unos límites temporales con mínimos de hasta 30 años de prisión para ciertos delitos, límites que no han dado lugar a tanta polémica.

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