En septiembre se retomarán las negociaciones parlamentarias para reformar la ley electoral, algo que tanto IU como UPyD utilizarán para intentar que el criterio de proporcionalidad de nuestro sistema electoral se modifique ligeramente. La idea de IU, no tan novedosa, es crear, además de la circunscripción provincial, una circunscripción única para evitar que los votos sobrantes se pierdan por el efecto de la denominada Ley D´Hont. Según el art. 163 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General:
Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, etcétera –desechando los que no lleguen al 3%– hasta un número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente.
480.000 votos válidos emitidos en una circunscripción que elija 8 diputados. Votación repartida entre 6 candidaturas:
A (168.000 votos) B (104.000) C (72.000) D (64.000) E (40.000) F (32.000)
División
1
2
3
4
5
6
7
8
A
168.000
84.000
56.000
42.000
33.600
28.000
24.000
21.000
B
104.000
52.000
34.666
26.000
20.800
17.333
14.857
13.000
C
72.000
36.000
24.000
18.000
14.400
12.000
10.285
9.000
D
64.000
32.000
21.333
16.000
12.800
10.666
9.142
8.000
E
40.000
20.000
13.333
10.000
8.000
6.666
5.714
5.000
F
32.000
16.000
10.666
8.000
6.400
5.333
4.571
4.000
Por consiguiente, la candidatura A obtiene cuatro escaños, la B dos escaños y la C y la D, 1 cada
Así, la obtención del primer escaño ha costado a la candidatura A 168.000 votos, mientras que el último 42.000, puesto que se juega con los restos. Y si hubiera un escaño más a elegir, este sería para el partido E (que en este caso, con ocho diputados, pierde sus 40.000 votos).
La propuesta de Izquierda Unida haría crear una circunscripción electoral de restos, única para toda España, que rompiera la división provincial que incrementa el poder electoral de los partidos nacionalistas, fuertes en sus comunidades autónomas pero inexistentes en el resto de las circunscripciones. Y para ello utilizaría el margen que da la Constitución –artículo 68–, cuando recoge que "la Ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población", admitiendo que el número máximo de diputados pueda llegar a ser de 400.
De esta forma, si la propuesta de IU saliera adelante, tanto este partido político como UPyD verían aumentados sus escaños, pero el problema de la dispersión del voto seguiría existiendo. Evidentemente, con más actores las opciones para que los partidos mayoritarios pudieran gobernar sin ataduras serían mayores.
En cualquier caso, en mi opinión, el sistema más democrático y que, al mismo tiempo, ayuda a la gobernabilidad, es el mayoritario con dos vueltas, pero para ello sería necesario reformar la Constitución, que se decantó en su momento por el sistema proporcional. Pese a ello, como digo, un sistema mayoritario a dos vueltas –con circunscripciones más pequeñas y un único elegido en cada una– tiene varias ventajas. En la primera vuelta, los electores votan al candidato que desean, y en la segunda al que ven con mayor simpatía. Es decir, son los electores los que eligen las alianzas electorales, no los partidos políticos, ya que ellos votan en la segunda vuelta al candidato que mejor se ajusta a sus valores.
Además, un candidato único, y no una lista electoral, hace que el candidato, primero, y el congresista, más tarde, sea más cercano al ciudadano, al votante, que siempre tendrá una cara, un nombre, al que reclamar. Y ello acarrea múltiples beneficios en torno al funcionamiento de los partidos políticos, en donde eso que se llama "el aparato" perdería poder en provecho de los electores, ya que serían éstos quienes elegirían a sus representantes sin intermediarios.
Pero, siguiendo los criterios anteriormente citados, la reforma propuesta por IU tiene sentido, aun cuando es de lamentar que, en su momento, el Poder Constituyente no se decantara por el sistema mayoritario y la Constitución cerrara el paso al sistema electoral de países como EEUU, Francia o Gran Bretaña, en donde la existencia de gobiernos fuertes no es contraria a la existencia de la democracia. Es más, el caso británico, en donde la rebelión parlamentaria dio lugar a la caída tanto de Thatcher como de Blair, es un claro ejemplo de cómo la cercanía entre elegidos y electores hace que el peso de los congresistas sea mayor que el del partido político al que pertenecen.