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Ramón Villota Coullaut

Bono y el Consejo General del Poder Judicial

Ramón Villota Coullaut
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Al final la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha va a aceptar las sugerencias del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano no jurisdiccional del Poder Judicial y, por tanto, no va a publicar los datos personales de los condenados por casos de violencia doméstica, ya que ello, como ha indicado el C. G. P. J., iría en contra de un principio fundamental de nuestro ordenamiento, la resocialización de los condenados a penas privativas de libertad ( artículo 25 de la Constitución ), además de que esta Ley de Malos Tratos de la Junta de Castilla-La Mancha puede contradecir los criterios de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Esta Ley y la propia Constitución se basan en el respeto al derecho a la intimidad de todos, incluyendo en este todos a los condenados, lo que a su vez ha de incardinarse con el fin de resocialización que impregna nuestro Derecho Penal, anteriormente indicado.

A partir de ahí hay que entender los derechos de la sociedad y de la víctima, de la sociedad a reprobar una conducta de malos tratos y de la víctima, que ha de sentirse respaldada por esa misma sociedad.

En cualquier caso lo ocurrido en Castilla-La Mancha nos acerca al avance producido en el Derecho Penal, que desde la idea de la humanización de las penas y el estudio del delincuente y su posible resocialización, también empieza a tener en cuenta, con doctrinas como la victimología, el papel de la víctima del delito.

Esta novedosa doctrina estudia la situación de la víctima y los efectos de la denominada victimización secundaria, con reconocimientos forenses y otras actuaciones procesales que pueden implicar, en determinados hechos delictivos, como estos, un daño moral a la víctima.

En la práctica y en nuestro ordenamiento ello se ha traducido en avances legislativos, como la Ley de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual, Ley 35/95, de 11 de diciembre, que recoge la existencia de ayudas de tipo económico a las víctimas de delitos dolosos, como sería el caso de los malos tratos, y a la necesaria asistencia que requieran.

Así, la ayuda a la víctima y el reproche a social a la conducta del delincuente han de respetar los derechos que éste tiene reconocidos constitucionalmente, pero día a día se va extendiendo por nuestra sociedad un concepto de solidaridad con las víctimas de hechos delictivos que nos acerca al Estado Social y Democrático de Derechos, en su vertiente de Estado Social.

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