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Ramón Villota Coullaut

Defensa de las instituciones

Ramón Villota Coullaut
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El artículo 576 del Código Penal recoge, dentro de los delitos de terrorismo, “el que lleve a cabo, recabe o facilite, cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista”, definiendo dicha colaboración como “en general, cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas”.

A su vez, dentro de los delitos contra la Constitución, en el capítulo y sección dedicados a los delitos contra las instituciones, el artículo 504 del Código Penal, redactado conforme a la Ley Orgánica 7/00, de 22 de diciembre, recoge como delito a “los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. El precepto nos remite al término injuria, definida en el propio Código Penal, en su artículo 208, en donde se dice: “Es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

"Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

Estos preceptos hacen que en un caso de terrorismo una sanción casi simbólica, de multa, referente a las injurias, pueda convertirse en una sanción de colaboración con banda armada, penada con un intervalo de entre 5 y 10 años de cárcel.

Con estas premisas, la Audiencia Nacional es el órgano competente para resolver sobre las declaraciones de los directivos del Egunkaria, cerrado por la misma Audiencia Nacional por su posible colaboración con banda armada. De esta forma, habrá de resolver si el delito de colaboración con banda armada puede extenderse hasta las declaraciones en las que tanto Marcelo Otamendi como otros tres detenidos –actualmente en libertad provisional– llegaron a referirse a que fueron objeto de torturas durante su detención por parte de la Guardia Civil, a sabiendas –todo hay que decirlo– de que la prueba de la veracidad y de la falsedad de sus declaraciones es imposible: temerario desprecio hacía la verdad o conocimiento de su falsedad, dice el Código Penal, cuando define las injurias.

De una forma clara esas declaraciones sólo buscaron un propósito: desacreditar la operación judicial que ocasionó el cierre cautelar del periódico y, al mismo tiempo, a la Guardia Civil, institución clave en la lucha contra el terrorismo. Y lo que evidentemente no puede permitirse es que la lucha contra el entramado de ETA, cuando obtiene determinados éxitos, sea desacreditada de forma gratuita precisamente por aquellos contra los que se dirige. Al nacionalismo vasco, y a determinados partidos “desorientados u oportunistas” como reza el manual de ETA, les asusta que un día la sociedad española pueda decir que la lucha policial contra el terrorismo ha sido un éxito, y que la derrota del conglomerado ETA sea, ese día, total.

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