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Esos centenares de jóvenes vociferantes, acompañados por dirigentes de la ilegal Batasuna, pueden haber incurrido en un delito de justificación del terrorismo recogido en el artículo 578 del Código Penal.

Ramón Villota Coullaut
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Ya están detenidos los diecinueve miembros de Jarrai, organización que acoge a los cachorros de ETA, que debían estar en prisión desde el 19 de enero. En esa fecha se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo que les condenaba como integrantes de una banda terrorista a 6 años de prisión. Pero la buena noticia que suponía esta decisión judicial se convirtió, con el paso de los días, en una demostración más del desacierto en nuestra política antiterrorista al no detenerse a 19 de los 23 condenados, cuando lo lógico es que hubieran estado vigilados antes de la publicación de la sentencia para que pudieran ser detenidos ese mismo día sin darles la oportunidad de huir.

Y ahora, dos semanas después de la condena, esos 19 dirigentes de Jarrai aparecen en un polideportivo de Bilbao, acompañados de más de 400 personas, y dejándose detener en un nuevo desafío al Estado de Derecho. Esos centenares de jóvenes vociferantes, acompañados por dirigentes de la ilegal Batasuna, pueden haber incurrido en un delito de justificación del terrorismo recogido en el artículo 578 del Código Penal, que dice: "El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código [los delitos de terrorismo] o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años."

No se puede obviar que los hechos ocurridos en el Frontón de la Esperanza de Bilbao no pueden quedar impunes, por la propia existencia del delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo y porque lo ocurrido este domingo es una demostración más del pulso al Estado de Derecho que ETA y las organizaciones que forman parte de ella están llevando a cabo, un pulso que obliga a nuestras instituciones a utilizar todas las vías legales a su alcance –y el derecho penal es la más importante de ellas– para no dar muestras de una debilidad que a lo único a que nos lleva es a nuevas exigencias de los terroristas.

Ramón de Villota Coullaut es abogado, puede contactar con él aquí.

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