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Ramón Villota Coullaut

El anagrama de ETA

es indignante que el Gobierno no haya dado instrucciones de forma inmediata a la Fiscalía General del Estado para impedir que se celebre el 21 de enero en Baracaldo (Vizcaya) la asamblea de un partido ilegalizado por el Tribunal Supremo

Ramón Villota Coullaut
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Si la sola presencia del cartel que anuncia la convocatoria de la asamblea de Batasuna-ETA no ha bastado para que el Fiscal General del Estado actúe, el juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, en cambio, ha abierto diligencias para conocer si esta convocatoria puede implicar un delito de colaboración con banda armada. Es decir, que si bien de conformidad con la Ley Orgánica de Partidos Políticos, nuestro poder político no termina de ver clara la ilegalidad del cartel que inunda las calles del País Vasco y, por tanto, no insta a la Sala VI del Tribunal Supremo a hacer cumplir la sentencia que ilegalizó a Bataasuna, un representante de nuestro poder judicial sí ve clara esta relación, e incluso llega más lejos, entendiendo que puede haber en esta convocatoria un delito de colaboración con banda armada, recogido en el Código Penal.
 
Así, mientras el Gobierno y la Fiscalía General del Estado siguen pensando que dirección tomar, es un integrante del Poder Judicial, el titilar del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia nacional, quien, gracias a la independencia que le otorga nuestra Constitución, solicita a los Cuerpos de Seguridad del Estado que le informen sobre la convocatoria de la asamblea del día 21.
 
Pero dicho esto, es indignante que el Gobierno no haya dado instrucciones de forma inmediata a la Fiscalía General del Estado para impedir que se celebre el 21 de enero en Baracaldo (Vizcaya) la asamblea de un partido ilegalizado por el Tribunal Supremo hace casi 3 años, en una resolución avalada posteriormente por el Tribunal Constitucional. Pero menos mal que si el procedimiento regulado ante el Tribunal Supremo para exigir el cumplimiento de dicha sentencia no va a iniciarse porque quien pudiera hacerlo –la Fiscalía General del Estado o el Gobierno, por medio de la Abogacía General del Estado– todavía no lo ha iniciado, existe la vía penal de la colaboración con banda armada, una vía ya iniciada por Garzón y que posteriormente ha mantenido su sustituto en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, lo que en la práctica puede hacer que, a pesar de la inactividad de la Fiscalía General del Estado, la Asamblea a celebrar en Baracaldo el día 21 de este mes se quede en nada.

Ramón de Villota Coullaut es abogado, puede contactar con él aquí.

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