El recurso presentado por el Gobierno es novedoso, como lo es el que una comunidad autónoma utilice la vía de la reforma de su estatuto para romper la estructura constitucional. Así, la impugnación del Plan Ibarretxe mediante el mecanismo del artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional –impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas– ha ocasionado que el Tribunal Constitucional, en el trámite de admisión del procedimiento, dé pie a que tanto el Gobierno como el Parlamento Vasco, junto al Gobierno de la nación, aleguen lo que consideren oportuno sobre la posible admisión a trámite de este recurso. En un plazo de 10 días las alegaciones habrán de estar presentadas y, a partir de ese momento, el Tribunal Constitucional deberá admitir o inadmitir el recurso, con las consecuencias que ello implica.
Parece que el Tribunal Constitucional, ante un hecho tan grave para nuestra democracia –el Plan Ibarretxe es un fraude constitucional– quiere tomarse un tiempo y, aprovechando la situación, permitir al Gobierno vasco que defienda, dentro del ordenamiento constitucional, la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi. Es muy posible que la defensa jurídica del Gobierno y del Parlamento Vasco parta de la misma idea, que dicha Propuesta de Estatuto no es un norma jurídica, sino un proyecto –no se sabe muy bien de qué– que requiere de su aprobación por el Parlamento Vasco y, a partir de ahí, de un referéndum aprobatorio que, eso sí, se ha de celebrar únicamente en la Comunidad Autónoma Vasca.
Pero ese es el punto fundamental y cuanto antes se acabe con una pantomima de legalidad, con un fraude constitucional, mejor. Con este simulacro de reforma estatutaria, el PNV intenta modificar la Constitución del 78 y circunscribir al “ámbito vasco” lo que corresponde decidir a todos los españoles. Si, por una cuestión formal, el Tribunal Constitucional no admitiera el recurso presentado por el Gobierno, sería necesario presentar un nuevo recurso cuando se convocara el referéndum –ilegal, por supuesto.
Nos encontramos ante un fraude al Estatuto y a la Constitución que dura ya demasiado tiempo gracias a la oscuridad legal creada por el propio Gobierno Vasco con ese objetivo. Para ello han presentado como una modificación del Estatuto lo que es, lisa y llanamente, una quiebra de nuestra Constitución.