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Ramón Villota Coullaut

El derecho de intimidad y las relaciones laborales

Ramón Villota Coullaut
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La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado procedente un despido por que el empleado abusó en la utilización del correo electrónico en el horario de trabajo.

El trabajador se excedió en el uso de internet y del correo electrónico para usos personales e incumplió las instrucciones dadas por la propia empresa, el Deutsche Bank. La entidad financiera entendió que ello era causa de despido, basándose en la disminución reiterada y voluntaria en el rendimiento de trabajo, siendo ésta una de las causas de despido por incumplimiento grave y culpable del trabajador. Así lo recoge el Estatuto de los Trabajadores.

Pero el conocimiento de esta conducta del trabajador por parte de la empresa obliga a que se haya introducido en el correo electrónico del propio empleado. Esta intromisión afecta a su intimidad, un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y que se menciona también en el Estatuto de los Trabajadores.

Por supuesto, ello ha de ser entendido conjuntamente con el deber, también recogido en el Estatuto de los Trabajadores, de cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia.

De esta forma, el conflicto legal planteado consiste en conocer hasta qué punto la empresa puede controlar las actividades personales de sus trabajadores dentro del horario de trabajo.

El Tribunal Constitucional ha resuelto esta materia en diversas ocasiones y ha entendido –entre otras, en una sentencia de 10 de julio de 2000- que el derecho a la intimidad no es contrario a la instalación de un circuito cerrado de televisión para evitar irregularidades dentro del ámbito laboral, pero siempre atendiendo a la necesaria proporcionalidad entre el incumplimiento del trabajador y la medida adoptada por la empresa.

Así, en este caso que nos ocupa, lo destacable es conocer el límite entre el derecho a la intimidad que tienen todas las personas, incluyendo a los trabajadores dentro del centro de trabajo y en horario laboral.

Este límite ha de tener en cuenta la necesaria protección del trabajador. Pero también, según indica el Tribunal Constitucional, debe atenderse a la efectividad del poder de dirección del empresario, con la utilización de medidas tendentes a conocer el grado de cumplimiento del trabajador de sus obligaciones laborales, siempre con el debido respeto a la dignidad del trabajador y al criterio de proporcionalidad.

Este criterio exige, siguiendo el razonamiento del Tribunal Constitucional, que la medida sea necesaria para conseguir la finalidad que se busca. Además, ha de valorarse el equilibrio que ha de existir entre los valores en conflicto: el conocimiento de la efectividad en la relación laboral, por una parte, y el interés del trabajador, por otra.

En un caso anterior y similar al citado, el Tribunal Constitucional entendió, por el contrario, que el principio de proporcionalidad se vio afectado por el hecho de que la empresa instalara cámaras de video, ya que chocaba con el derecho de intimidad de los trabajadores e, incluso, de los clientes. Por ello, su sentencia fue contraria a la empresa.

Por todo lo mencionado sobre la jurisprudencia sentada en líneas precedentes, vemos que la distancia entre lo legal e ilegal se concreta en un juicio de proporcionalidad entre el poder del empresario y el derecho a la intimidad de los trabajadores.

En uno de los casos de las cámaras de vídeo, los tribunales fallaron a favor de los trabajadores. Mientras, en el otro caso mencionado, el Tribunal Constitucional dictó sentencia en su contra. Por último, en el caso que nos ocupa hoy, el del correo electrónico, han optado por fallar a favor del despido del empleado.

Ramón Villota Coullaut es abogado

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