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Ramón Villota Coullaut

El doble juego del indulto y la casación

Ramón Villota Coullaut
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Las finalidades últimas del indulto y del recurso de amparo pueden coincidir, pero las características de uno u otro mecanismo legal son distintas. El indulto es una facultad del Gobierno, ejercitada de modo discrecional y que implica una quiebra de la separación de poderes a favor del poder Ejecutivo y en contra del poder Judicial, sin sujeción a casi ningún control, principalmente si el indulto es parcial, como en este caso.

En cambio, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se basa en la vulneración de los derechos fundamentales y las libertades públicas recogidos en nuestra Constitución (artículo 53.2). En este caso, el Tribunal Constitucional ha debido resolver sobre el alcance constitucional del artículo 24 de nuestra norma fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva, tanto en lo que se refiere al ámbito probatorio como a la prescripción y a la necesariedad de la doble instancia en lo penal.

Respecto al primer punto, la valoración de la prueba por parte del Tribunal Supremo, el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal consagra el principio de la libre apreciación de la prueba por parte del tribunal sentenciador, al decir que “el Tribunal, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa, y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia”.

Por tanto, esta es una labor del tribunal sentenciador, del Tribunal Supremo en este caso, aunque ha de destacarse que el concepto de “íntima convicción” no equivale a arbitrariedad, si no que implica un desarrollo lógico de la sentencia (el tribunal debe convencerse para convencer, dice la doctrina). Por tanto, sólo en casos extremos, de razonamientos evidentemente injustos, el Tribunal Constitucional entiende que se puede producir una infracción de la presunción de inocencia, recogida también en el artículo 24 de la constitución, como desarrollo del derecho a la tutela judicial efectiva ya mencionado.

Siempre, por tanto, ha de diferenciarse el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia de la obligación a obtener una sentencia favorable, puesto que lo único que la Constitución protege es el derecho del justiciable, del que acude a los tribunales, a un juicio justo y con todas las garantías, pero en ningún caso ello obliga a un determinado resultado.

Por otra parte, el apartado de la prescripción, resuelve el Tribunal Constitucional, es una materia de legalidad ordinaria, una cuestión recogida en el Código Penal, en este caso el anterior, por lo que el Tribunal Constitucional, no puede entrar en la mencionada materia. A su vez, el apartado de la doble instancia se resuelve desde la óptica de que la necesariedad de la doble instancia no es un requisito constitucional, lo que había sido resuelto en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional: la casación no es una doble instancia, sino un recurso con unos motivos determinados.

Además, esta discriminación que los condenados alegan, proveniente de que han sido juzgados directamente por el Tribunal Supremo y ello les ha impedido ejercer su derecho a la doble instancia, no es tal, sino que es un beneficio procesal por su condición de diputados, al que hubieran podido renunciar renunciando a su acta de diputado.

Para finalizar, si bien no es frecuente utilizar la doble vía del indulto y de la casación, es posible su utilización porque el indulto requiere –de conformidad con el artículo 2º de la Ley del Indulto– de sentencia firme condenatoria y de estar a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena. El primer punto se produce porque la condena del Tribunal Supremo es firme, aunque existe la posibilidad de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, un recurso ante un órgano que no es parte del Poder Judicial y con unas funciones limitadas a la defensa de la Constitución; y el segundo porque, aunque no estén cumpliendo condena, están a disposición del Tribunal sentenciador, en este caso del Tribunal Supremo.

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