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Ramón Villota Coullaut

El lamentable estado de la justicia penal

Con los datos en la mano, lo increíble no es que el asesino de Mari Luz estuviese en libertad, sino que no haya sucedido algo similar mucho antes.

Ramón Villota Coullaut
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La polémica del caso Mari Luz ha hecho que la atención se centre en un problema de la justicia penal casi desconocido salvo para los profesionales que trabajan, trabajamos, en ese ámbito. Cuando ya se ha dictado la sentencia surge una nueva fase del derecho penal, su cumplimiento, si es condenatoria. Y los juzgados de lo penal se pueden encontrar con penas de multa pagaderas a plazos, con privaciones del permiso de conducir sobre las que también se solicita un cumplimiento aplazado, con sentencias condenatorias de prisión que levantan la suspensión de una primera sentencia condenatoria, y así un largo etcétera. Y todo ello sin tener en cuenta las entradas en prisión, que en ocasiones obligan a una búsqueda del condenado que no se presenta voluntariamente a cumplir su pena.

Si bien es importante la fase de instrucción, puesto que un juicio lo suficientemente ágil y rápido es fundamental para tener una justicia de calidad, tampoco podemos olvidarnos de lo que la Constitución denomina potestad  de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es decir, de llevar a la práctica lo que se plasma en el papel, en la sentencia. Sin embargo, parece que se haya dejado dormir durante años ese problema, que ahora ha salido a la luz pública a partir del lamentable suceso de Huelva. Pero con los datos en la mano, lo increíble no es que el asesino de Mari Luz estuviese en libertad, sino que no haya sucedido algo similar mucho antes. Y es que un informe del Consejo General del Poder Judicial ha destapado que a finales del año pasado eran más de un cuarto de millón los casos pendientes de ejecución.

Si queremos una justicia de calidad es hora de hacer reformas introduciendo las nuevas tecnologías en nuestros juzgados, con registros unificados de imputados y condenados que no obliguen a cada juzgado a encontrarlos de forma autónoma y que posibiliten  una comunicación informatizada con todos los operadores jurídicos. Por supuesto, el personal a cargo de estas funciones no sólo ha de tener las herramientas, sino también los conocimientos suficientes para utilizarlas. Pero claro, esto implica invertir en algo que no se ve más que como un gasto, olvidándose que el dinero dedicado a la justicia es más bien una inversión, algo que nos acerca a un Estado de Derecho real.

Ramón de Villota Coullaut es abogado, puede contactar con él aquí.

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