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Si hay algo poco humanitario es permitirles la entrada en España para posteriormente no dejarles otra opción legal que la indigencia o la delincuencia.

Ramón Villota Coullaut
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La crisis del Marine I nos adentra en las oscuras aguas del tráfico ilegal de personas y en la respuesta jurídica a este delito, que cada día tiene más importancia. Es cierto que desde la reforma legal del 2000 la sanción penal del tráfico ilegal de personas puede llegar hasta 8 o 10 años de prisión, pero lo cierto es que esta práctica no sólo está en auge sino que parece que lo estará más en un futuro próximo.

No obstante, lo que quizá resulta de mayor urgencia es saber qué va a suceder con esas más de trescientas personas hacinadas en el Marine I y que, casi en su totalidad, se encuentran en la actualidad en Mauritania, el país que, de conformidad con las leyes del mar, les debía haber atendido sin esperar nada a cambio. Ahora el problema que se presenta es la devolución a sus países de origen sin que pasen por España. Y es que si pasaran por España se les aplicaría la Ley de Extranjería. Eso significa que, al no haber entrado legalmente en nuestro país, se les ingresaría en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) durante un plazo de cuarenta días, improrrogable y que no podrá repetirse en ningún momento. Si en este plazo no se conociera su lugar de procedencia, o no se pudiera llevar a cabo su expulsión por cualquier otro motivo, se les dejaría en libertad, eso sí, con un expediente de expulsión abierto de nula eficacia práctica.

Esta situación hace que pasados los cuarenta días, los inmigrantes ilegales se encuentren ya fuera del Centro de Internamiento de Extranjeros, pero sin papeles y sin posibilidad práctica de obtenerlos, salvo que encuentren algún resquicio legal o alguna regularización extraordinaria que les permita legalizar su situación. Con ello tenemos en la calle a un grupo de personas que no pueden trabajar de forma legal, porque no tienen papeles, y a los que en la práctica no se les va a expulsar de España, puesto que el procedimiento administrativo de expulsión que se les incoa no tiene ningún efecto práctico, salvo que cometan un delito y la sanción privativa de libertad se les sustituya por la de expulsión del territorio nacional.

Con estar armas legales, es normal que la lucha contra la inmigración ilegal no esté dando los resultados apetecidos, y que debiera obligar a que, en el caso del Marine I, el Gobierno español fuera muy estricto con Mauritania, ya que el permitir que esas personas entren en España, aún por motivos humanitarios, sin conocer su lugar de procedencia ni sus posibilidades de repatriación, implica posibilitar que en poco más de un mes esas personas se encuentren en nuestras calles sin posibilidades reales de encontrar un trabajo. Y si hay algo poco humanitario es permitirles la entrada en España para posteriormente no dejarles otra opción legal que la indigencia o la delincuencia.

Ramón de Villota Coullaut es abogado, puede contactar con él aquí.

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