La Fiscalía ejerce sus funciones bajo cuatro principios, provenientes de la Constitución del 78 y desarrollados por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de 30 de diciembre de 1981. Tales principios son: unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad. Con ello es clara la existencia del criterio jerárquico en la toma de decisiones de la fiscalía, con los
límites de los principios de legalidad y de imparcialidad. Así, el Fiscal General del Estado es la cúspide del Ministerio Fiscal y a él le corresponde la toma de aquellas decisiones que, por su especial trascendencia, estime que deba adoptar personalmente.
Pero en el “caso Ertoil”, Cardenal, el Fiscal General del Estado, se ha mostrado especialmente dubitativo: primero convocó a la Fiscalía del Tribunal Supremo, para posteriormente convocar, con este mismo punto sobre el orden del día, a la Junta de Fiscales de Sala del 10 de julio, una Junta compuesta, además de por el propio Fiscal General del Estado, por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, los Fiscales de Sala, el Inspector Fiscal, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional y el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica. Las funciones de este organismo son asesorar al Fiscal General del Estado en materia doctrinal y técnica y en orden a la formación de criterios unitarios de interpretación y actuación legal, siendo el máximo órgano asesor en estas materias.
Si bien es lógico que el Fiscal General del Estado convoque a cuantos órganos de consulta considere pertinentes (así le autoriza el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ), el exceso de consultas también implica que el mismo Cardenal no tiene claro el “caso Ertoil” o que requiere de una coartada para decidir lo que ya tiene decidido. Y lo más grave de todo ello es que está poniendo en duda la propia actuación de toda la fiscalía, olvidando que él, como cúspide del Ministerio Fiscal, y por muchas consultas y llamamientos que se produzcan, al final será quien deba decidir sobre la situación procesal de Piqué. Tarde o temprano.
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