Todos los médicos aconsejan dejar de fumar y las tabaqueras ya anuncian en sus cajetillas que fumar perjudica seriamente la salud, aunque el comercio del tabaco sigue siendo lícito. No debemos olvidar tampoco que en un pasado Altadis —una de las empresas demandadas, la que más afectada puede verse por este procedimiento— fue Tabacalera y que Tabacalera, hasta fechas relativamente recientes, fue una empresa pública. Esto, de por sí, puede implicar diversos problemas de orden jurisdiccional; pero sin entrar en ellos, lo que causa más extrañeza de una reclamación como la de la Junta de Andalucía es que se escuden en unos informes médicos para reclamar a una empresa legalizada, que paga sus impuestos, el coste que para la Seguridad Social suponen enfermedades como el cáncer de laringe o el de pulmón. Es como si ahora Altadis reclamara los beneficios que a la Seguridad Social le reporta el fallecimiento prematuro de los fumadores; a lo que hay que añadir que esos costes “extra” para la Seguridad Social quedan más que compensados con los brutales impuestos que recaen sobre la cajetilla de tabaco, pues no otra razón se aduce para recaudar casi 4.000 millones de euros en 2002 (unos 660.000 millones de pesetas).
Lo que, evidentemente, no se puede hacer es judicializar todo un sector profesional, aprovechando los vientos de Estados Unidos, para recaudar por dos vías diferentes: el consumidor y el productor. Y menos cuando son los mismos sectores favorables a la despenalización de las drogas blandas los que se muestran más favorables a la idea de demandar a Altadis por el daño que se hayan podido ocasionar unas personas que libremente han decidido fumar, algo que es totalmente lícito en nuestro país.
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