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Ramón Villota Coullaut

Garzón y el Código Penal

Ramón Villota Coullaut
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Garzón vuelve a ilegalizar las actividades de organizaciones afines a ETA, y para ello vuelve a utilizar una medida de seguridad —la recogida en el artículo 129 del Código Penal de 1995— con el objeto de impedir que estas asociaciones sigan apoyando a ETA. Con ello, los objetivos prácticos que se consiguen son que el entorno de ETA no se sienta cómodo. Se consigue, por tanto, que ese entorno se vea en la necesidad de crear otras asociaciones para seguir realizando actividades de apoyo a la banda terrorista, lo que, desde un punto de vista positivo, no es poco.

Evidentemente la última palabra en este asunto la tendrá la Audiencia Nacional en el juicio oral, y Garzón es un instructor muy dado a actuar visceralmente, que tiene una idea expansiva —para algunos excesivamente expansiva— de sus funciones y que ejerce según su propio criterio —que muchas veces no es el que la Sala mantiene posteriormente. Pero es que en nuestra jurisdicción penal, las funciones del instructor consisten principalmente en llevar a buen puerto la investigación judicial para que, posteriormente, la Sala resuelva lo que proceda. Y no hay que olvidar que el éxito de los instructores se demuestra en los juicios orales posteriores, cuando su trabajo ya ha finalizado. Es por ello que a Garzón se le critica —en muchas ocasiones con razón— que su interés en los procedimientos que lleva es más dejar su huella personal que realizar un buen trabajo para que otros jueces, los magistrados de la Audiencia Nacional a los que corresponda el caso, finalicen el trabajo que previamente ha realizado el juez instructor.

En cualquier caso, con el Derecho Penal en la mano se puede hacer bien poco sobre las personas jurídicas, al ser este un derecho pensado respecto a las personas físicas; pero esto no se contradice con la especial situación de unas asociaciones que no tienen más finalidad que servir de apoyo a los terroristas. Es ese conglomerado (en donde se integran quienes llevan las armas y quienes no las llevan) el que ha de sentirse incómodo. Además, una cosa es que no se pueda sancionar penalmente a las personas jurídicas —como aduce el PNV—, y otra muy distinta es que determinadas personas físicas utilicen asociaciones como Segi o Askatasuna para apoyar el terrorismo. Pero este punto no lo va a resolver la instrucción del presente procedimiento penal, sino que, de acuerdo con nuestras normas procesales, será el juicio oral posterior el que deba dilucidar la responsabilidad penal de los integrantes de estas asociaciones e incluso la posible ilegalidad de asociaciones como las citadas anteriormente. Por ahora, habremos de contentarnos con que dichas asociaciones no puedan seguir actuando y que sus dirigentes tengas abiertas diligencias penales.

Incluso el propio auto de Garzón menciona que estas asociaciones son sucesoras de otras, con sus actividades ya previamente ilegalizadas, con lo que, además de que se cumple con el legítimo interés judicial de que sus resoluciones anteriores se apliquen (otra cosa sería aceptar un fraude de ley) y se mantienen los criterios del ya indicado artículo 129 del Código Penal. Este precepto, que justamente está pensado para utilizarlo en fase de instrucción, recoge, en su último párrafo, que estas consecuencias accesorias (la ilegalización de la actividades de Segi y Askatasuna, en este caso) están orientadas a prevenir la continuidad en la actividad delictiva.

Veremos si en el juicio las pruebas que aporta Garzón son lo suficientemente sólidas.

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