Menú
Ramón Villota Coullaut

La desviación de poder y el caso Liaño

Ramón Villota Coullaut
0
La figura de la desviación de poder sirve a los Tribunales para controlar la actuación de la Administración. Su existencia es un triunfo de las tesis del liberalismo francés del siglo XIX, que poco a poco han ido introduciéndose en nuestro país.

De esta forma, esta figura implica, como recoge nuestro ordenamiento jurídico, “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento”. Si se me permite la filigrana jurídica, esta situación se puede encuadrar, al darle la vuelta, a la totalidad de la actual actuación del Tribunal Supremo. Este Alto Tribunal está quebrando la división de poderes. Limita una competencia que el ordenamiento español otorga al Consejo de Ministros: el ejercicio del derecho de gracia. Pese a que el Gobierno concediera, de una sola vez, casi 1.500 indultos, no se trató de un indulto general, algo que le impide la Constitución, con lo que el multitudinario indulto se dictó con arreglo a la ley.

Si sigue adelante está extensión de funciones del Tribunal Supremo, que impide el ejercicio práctico del derecho de indulto al Gobierno, será la misma división de poderes –pieza angular del Estado de Derecho– la que se puede encontrar comprometida, ya que el Tribunal Supremo está utilizando sus funciones jurisdiccionales para un fin distinto al propiamente judicial: impedir el ejercicio del derecho de gracia al Ejecutivo. Y esta función está encomendada por la Constitución al poder Ejecutivo, y no al Judicial.

Esta situación, pues, hace que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción tenga que implicarse en su resolución, ya que no sólo afecta al juez Gómez de Liaño, sino al propio ejercicio del derecho de indulto: una facultad discrecional del Consejo de Ministros y que afecta, por tanto, a la esencia misma del Estado de Derecho.

Ramón Villota Coullaut es abogado

En Opinión