Menú
Ramón Villota Coullaut

La huelga del transporte de Madrid

Ramón Villota Coullaut
0
El derecho constitucional a la huelga tiene unos límites, puesto que todo derecho, aun siendo considerado por la Constitución como fundamental, los tiene: el derecho a la libre movilidad geográfica puede ser uno de sus límites perfectamente, ya que se trata de otro derecho fundamental. Además, la huelga del transporte de Madrid, al ser éste un servicio estratégico, ha de considerarse abusiva, lo que hace que las consecuencias en el orden laboral para los huelguistas que no respeten los servicios mínimos puedan llegar incluso al despido disciplinario.

Pero lo que más choca de esta situación, que se está produciendo desde antes de las vacaciones de Semana Santa, es que el Gobierno de la Comunidad se ha escudado, para no ejercer sus funciones, en que las empresas son privadas. Así, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 8 de abril de 1981 —referente a la regulación preconstitucional sobre la huelga, de 1997—, manifestó que el derecho de huelga tiene sus límites: el artículo 28 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga y manifiesta seguidamente que la ley que lo regule “establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. A partir de ahí el Decreto Ley de Relaciones de Trabajo, de 1977 —norma preconstitucional— estableció que la autoridad gubernativa puede adoptar medidas para la defensa de los servicios esenciales de la comunidad. Esta autoridad gubernativa es, tratándose el transporte de una competencia autonómica, la Comunidad Autónoma de Madrid únicamente, puesto que el Tribunal Constitucional limitó esta función a aquellos órganos del Estado que ejerzan potestades de Gobierno. En este caso, por tanto, es claro que tan sólo nos podemos referir a la Comunidad de Madrid, concretamente a su Consejería de Transportes, que se ha excusado en reiteradas ocasiones con el argumento de que era un conflicto laboral entre unas empresas privadas y sus trabajadores, obviando las consecuencias que este conflicto laboral ocasiona en los usuarios de este servicio.

La Comunidad de Madrid ha olvidado, así, que el hecho principal no es que en el conflicto laboral no esté implicada la administración autonómica ni ninguna de sus empresas públicas, sino que lo esencial para que adopte medidas para reestablecer el servicio de transporte en Madrid es que la administración ha de velar por el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Incluso puede llegarse, teniendo en cuenta la duración o consecuencias de la huelga, a un arbitraje obligatorio, con el único límite de que esta facultad del Gobierno, en este caso autonómico, respete la imparcialidad de los árbitros, subrayada por el Tribunal Constitucional.

De esta forma, y a pesar de que se diga que en España no está regulado, el derecho a la huelga tiene normativa aplicable, que aunque sea preconstitucional, puede interpretarse perfectamente con arreglo a nuestra norma fundamental; por lo que los poderes públicos no tienen excusa para eludir sus obligaciones. Otra cosa es que realmente nuestro país necesita de una Ley Orgánica de Huelga que sustituya al Real Decreto-Ley de 4 de marzo de 1977, interpretado de conformidad con la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981.

En Opinión