Ya se conocen los objetivos de Rajoy en torno a la Justicia. Apoyándose en los resultados de los juicios rápidos, piensa extenderlos al ámbito civil, en reclamaciones de cantidad, desahucios y medidas provisionales en cuestiones de familia. Con la última reforma procesal, ya se ha previsto la creación de las Oficinas de Señalamiento Inmediato para las grandes ciudades –en donde el atasco judicial es más visible–, con el posible incremento de las funciones de los procuradores.
El objetivo, se dice, es resolver estas cuestiones en un plazo nunca superior a 20 días, y el resto, en uno máximo de 4 meses. Si a día de hoy, en una sencilla reclamación de cantidad o un desahucio por falta de pago, la vista se celebra 3 o 4 meses después de presentada la demanda, y en un juicio ordinario, en un plazo de 8 o 9 meses, es difícil pensar que ahora pueda hablarse de reducir esos plazos a 1 mes y a 4 meses respectivamente, contando también con la sentencia, que ya es contar. Para ello, también será necesario prestar una especial atención al cumplimiento de los plazos judiciales para dictar sentencias, que se incumplen reiteradamente en lo civil, y en la ejecución de las sentencias, con la creación de unas oficinas que pudieran ejercer como los Juzgados de ejecución penales. Porque de nada vale obtener una sentencia favorable, si después de obtenerla pasan meses hasta conseguir un resultado efectivo.
Así, una de las piezas angulares de la futura reforma de la Justicia no parece que sea realizar grandes reformas legales, sino conseguir agilizar la maquinaria judicial. Incluso, se prevé la posibilidad de que abogados y procuradores puedan presentar escritos por Internet, un avance increíble que puede ocasionar que las oficinas de reparto de los procuradores y su propio trabajo deban modificarse sustancialmente.
En la práctica, y a día de hoy, toda notificación del juzgado se realiza, si es por medio del procurador, por los cajetines de los procuradores, y si es a particular o al abogado, mediante correo certificado o, en casos de extrema rapidez, por medio de fax. Ahora, todo este sistema puede verse modificado por la irrupción en el mundo de la justicia de las modernas tecnologías. Todos recordamos lo que era la Agencia Tributaria hace unos años y lo que es ahora. Si se obtiene aqui sólo la mitad de lo obtenido alli, ya será un avance mayúsculo.
Si a esto añadimos que se quiere incrementar el número de Juzgados y crear los Juzgados de lo Mercantil, es posible que la próxima legislatura demuestre que es posible resolver los problemas de la lentitud de nuestra Justicia. Al mismo tiempo, en el programa del PP se establece la necesariedad de modificar leyes como la del Jurado, o la de Responsabilidad Penal del Menor.
En el primer caso, la Ley del Jurado, el jurado puro dejará paso al escabinado o mixto, formado por legos pero también por jueces. Este sistema, el imperante en Francia, Alemania o Italia, hace que la experiencia de los jueces pueda utilizarse en los juicios por jurado, lo que da mayores garantías al juicio en sí.
En el segundo, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, se prevé un incremento de las penas a imponer a menores mayores de 16 años por delitos graves, algo que ya ha sido prometido por el Gobierno en diversas ocasiones y que intentará impedir la sensación de impunidad que se está produciendo en la actualidad gracias a una Ley en la que priman, de una manera descarada, los criterios rehabilitadores sobre los punitivos.