Con la querella por prevaricación que ha presentado el Gobierno Vasco y el acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco para que Batasuna siga teniendo grupo parlamentario propio en el Parlamento Vasco, la situación de enfrentamiento entre el Juzgado nº. 5 de la Audiencia Nacional –por tanto, el Poder Judicial– y el Gobierno y Parlamento Vasco, ya es todo un hecho.
Ahora habrá de ser el Tribunal Supremo el que decida sobre la admisión de la querella contra Garzón, mientras que este magistrado puede incluso entender que la prevaricación se ha producido no con su auto, sino con el incumplimiento que la Cámara Vasca hace de dicha resolución judicial, con lo que se abriría otro frente jurídico. Y esa situación puede desembocar en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Si esto ocurre, el embrollo jurídico puede ser aún mayor y las consecuencias de la ilegalización provisional de Batasuna –vía artículo 129 del Código Penal– serán imprevisibles.
Desde luego que voces autorizadas han discutido el auto de Garzón en dos puntos fundamentales: sobre la ilegalización provisional de Batasuna entienden que si se aplica tendría que haberse producido inmediatamente la imputación de sus dirigentes por colaboración con banda armada. El otro aspecto es la imposibilidad de que puedan celebrarse manifestaciones de apoyo a Batasuna si éstas son convocadas, aunque sea parcialmente, por personas cercanas al entramado ETA-Batasuna. Respecto al primer punto, la ilegalización de Batasuna, es posible que el juez Garzón no haya calibrado bien los límites de la aplicación del artículo 129 del Código Penal, pero de lo que no hay duda es de que una resolución judicial –parezca más o menos correcta– es de obligado cumplimiento. Desde esta perspectiva, mal se entiende el acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco por el que, dando por nulo el acuerdo de Garzón, no lo aplica. Basarse en el peregrino argumento de que la Mesa del Gobierno Vasco es soberana en sus decisiones es contrario al obligado acatamiento de las resoluciones que la Constitución recoge en su artículo 118. Así, posiblemente haya sido la Mesa del Parlamento Vasco la que haya prevaricado al tomar una decisión que se excede en sus funciones y que rompe el equilibrio constitucional.
En cuanto a la prohibición de celebrar manifestaciones de apoyo a Batasuna, puede decirse lo mismo. Pero en este caso, el Gobierno Vasco no actuó el pasado fin de semana de una manera tan clara como la Mesa del Parlamento Vasco. Recurrió al criterio del orden público y de evitar males mayores –el tan traído enfrentamiento civil– para, en la práctica, permitir una manifestación que estaba prohibida.
Pero la calculada prudencia de este último fin de semana ha dado paso a una actitud más aguerrida por parte del nacionalismo vasco en su apoyo a Batasuna, una situación que le va a llevar inexorablemente a un enfrentamiento con el Poder Judicial, porque aún cuando las resoluciones de Garzón puedan verse modificadas vía recurso, ello no tiene que implicar el incumplimiento del auto de 6 de septiembre. Debe cumplirse mientras que la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no decida, vía recurso de apelación.
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