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Ramón Villota Coullaut

La realidad judicial

Ramón Villota Coullaut
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Hay muchas mujeres en peligro que necesitan ser protegidas mediante una orden de alejamiento que no sea sólo un papel. Con la futura ley integral, presentada este viernes, se pretende dar un mayor apoyo a estas víctimas, tanto en el plano jurídico como fuera de él, con ayudas en relación a la búsqueda de vivienda y de carácter laboral, entre otras. Esa ayuda fuera de lo penal empezó a vislumbrarse con la reforma de la legislatura anterior, que permite que la vista que se celebra dentro de las 72 horas siguientes a la denuncia pueda resolver también sobre materias civiles, como la pensión que debe pasarse a la mujer, la relativa al cuidado de los hijos menores o al uso de la vivienda conyugal. Al mismo tiempo, con la orden de protección se abre paso a la existencia de diversas ayudas sociales.
 
Todo esto ha ocasionado un problema novedoso y que la Junta de Jueces de Barcelona ha reconocido, también este viernes, la existencia de denuncias falsas en torno a la violencia doméstica. La existencia de agresiones en el ámbito familiar es un hecho innegable, pero debemos de tener en cuenta que cuando hay ayudas sociales se piden aún cuando no se padece el problema que las justifica. Y si para ello es necesario iniciar un procedimiento penal, pues se inicia. Estas denuncias falsas son detectadas en muchas ocasiones por los mismos jueces, abogados y fiscales, pero para entonces pueden haber dado lugar a ordenes de alejamiento e incluso condenas incorrectas, lo que hace un flaco servicio a la causa de las mujeres maltratadas.
 
No es raro que en algunas ocasiones sea la propia mujer la que se desdiga delante del juez de lo denunciado por ella misma, o que llegue a criticar al juez por meter una noche en el calabozo a su pareja. En otras ocasiones su único interés es que le expliquen a su pareja que no debe pegarle. Y mucho más habitual es que la orden de alejamiento se rompa porque la protegida no tiene intención de romper su relación. He llegado a saber de un caso en el que una niña que denunció a su madre por malos tratos por no dejarle utilizar el vídeo. Y este tipo de cosas son los que perjudican que los casos verdaderamente importantes puedan ser resueltos de una manera correcta, justo lo que ha recogido la Junta de Jueces de Barcelona, ratificando las declaraciones de su Decana.
 
Por eso, esta Ley Integral, actualmente un anteproyecto, debería lograr que especialistas en el campo de la psiquiatría tomaran contacto con este problema que, aparte del plano jurídico, tienen otras dimensiones de carácter afectivo y económico. Y con una vista celebrada en un plazo de 72 horas ante el juez, el fiscal, la víctima –que en Madrid y en otras ciudades está acompañada de un abogado de oficio especializado–, el denunciado y su abogado, junto a la existencia de una denuncia previa y un posible informe de lesiones, es difícil diferenciar el verdadero problema de lo que no son más que denuncias falsas puestas tanto por motivos económicos como por intentar salvar una relación con la ayuda de un juez que, al menos hasta ahora, no está obligado a ser consejero matrimonial de nadie.
 

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