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Ramón Villota Coullaut

Los extranjeros y el Código Civil

Ramón Villota Coullaut
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Cada día hay más extranjeros en España y el Código Civil –incluso después de sus últimas reformas– sigue sin tener en cuenta este nuevo hecho. Así, y aunque pueda parecer extraño, no se aplica la totalidad de nuestro Código Civil a los extranjeros residentes en España, puesto que si bien las relaciones contractuales que puedan tener con españoles o incluso entre ellos se regulan de conformidad con las leyes españolas, con lo que cualquier contrato de alquiler, compraventa o de otro tipo sigue nuestros criterios jurídicos, esto no sucede en todos los ámbitos de las relaciones jurídicas.

Así, y de una manera que muy posiblemente sea criticable por la cantidad de conflictos que ello puede plantear –de hecho los está planteando–, el estado civil y la capacidad de las personas, los derechos y deberes familiares y la sucesión por causa de muerte se regulan por la ley de la nacionalidad del extranjero. Con ello, hechos tan fundamentales en la vida como el momento en que se obtiene la mayoría de edad, las relaciones entre padres e hijos, el matrimonio, la separación, el divorcio, la nulidad matrimonial o el propio reparto hereditario, se resuelven de conformidad con una ley extranjera, aunque estas circunstancias afecten a personas que se encuentran viviendo en España. Por supuesto que todo tiene sus límites y por el concepto del orden público no se permiten situaciones tales como los matrimonios poligámicos o la subordinación de la mujer al marido –el caso del repudio es claro–, aunque la ley extranjera lo permita, pero no estaría de más que el Código Civil se aplicara a todos aquellos que se encuentren en España, sin perjuicio de cual sea su nacionalidad. Esto evitaría tener que permitir situaciones extrañas a nuestro ordenamiento jurídico o utilizar conceptos tales como el orden público para defender una determinada interpretación de la ley.

Por poner un ejemplo, los deberes de alimentos y guarda respecto a los hijos presentan diversos problemas, ya que legislaciones como la marroquí reconocen el deber de alimentos para las mujeres hasta su casamiento, pero en el caso de los varones este deber paterno se limita, como mucho y en caso de que por estudios así lo requiera el menor –en Marruecos el menor lo es hasta los 21 años– hasta los 20 años; en otro caso, este deber de alimentos finaliza con la pubertad. Y para el caso del deber de guarda –en España esta distinción no existe–, el padre lo tiene, de conformidad con la legislación marroquí, hasta los 14 años en el caso de los varones y de 15 en el de las mujeres. ¿Cómo se compagina esto con los deberes educativos existentes en España, en donde la educación es obligatoria hasta los 16 años? Porque en España una situación de este tipo puede provocar la pérdida de la patria potestad. Y ello sin necesidad de entrar en las relaciones entre los cónyuges, de subordinación.

De esta forma, una unificación de la legislación personal de todos aquellos que residan en España habitualmente sería aconsejable. Ello facilitaría, además, su integración, ya que no hay mejor manera de integrarse que entender que la legislación de un país puede ser mejor o peor que la del que uno es nacional, pero que cuando vives en determinado régimen debes cumplir con la legislación del país de acogida. En cambio, la situación actual es la contraria, lo que presenta absurdos, principalmente en relación a los países musulmanes, con una tradición jurídico-social tan distinta a la nuestra y que teóricamente se mantiene en vigor, aunque con la utilización del concepto del orden público sus normas, teóricamente en vigor, van perdiendo vigencia en los apartados que son más disconformes con nuestra legislación.

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