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Ramón Villota Coullaut

Los increíbles criterios de la libertad provisional

Ramón Villota Coullaut
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Cada cierto tiempo, nos encontramos con la polémica de los límites de la prisión provisional. Y el Gobierno se ha dado un plazo de un año –con arreglo a la última reforma penal, la de los juicios rápidos– para regular esta figura procesal que a día de hoy no hace más que provocar situaciones totalmente increíbles, faltas del más mínimo sentido común.

Un etarra se encuentra en libertad provisional y el lunes pasado es detenido por la Guardia Civil después de que uno de los miembros del instituto armado resultara muerto. Y esta semana nos encontramos con otra situación, en la estafa inmobiliaria de CPV, quizá no tan grave, pero del mismo cariz: muchas veces la prisión provisional, que tiene como requisitos el que previsiblemente se haya cometido el hecho delictivo, la alarma social producida, los antecedentes del imputado o demás circunstancias del hecho –según se recoge en la Ley de Enjuiciamiento Criminal–, se utiliza de una manera tan laxa que se ha convertido en una figura extraña a nuestro ordenamiento jurídico para muchos jueces.

Así, es increíble que la Juez instructora del caso, en contra del criterio de la fiscalía, entienda que en el caso CPV, la estancia de un mes escaso de prisión provisional es suficiente. En esta estafa inmobiliaria, las penas pueden llegar a los 8 años de cárcel y los estafados ya son más de 500, con lo que, al final, la cantidad estafada pudiera llegar a los 9 millones de euros, no de pesetas. Y la juez se basa para decir esto en que no hay riesgo de fuga, en que los imputados no tienen antecedentes –como si en los llamados “delitos de cuello blanco” esto no fuera lo habitual– y que la alarma social producida no puede ser un fin único para decretar la prisión provisional, además de que tampoco hay riesgo de ocultación de pruebas. Y lo ha visto tan claro que ha puesto en libertad provisional a los imputados con el único requisito de que acudan semanalmente al Juzgado, sin imposición de fianza alguna, cuando con anterioridad otra Juez entendía que existía una más que probable alarma social, además de que el riesgo de fuga y la posibilidad de que puedan destruir las pruebas hacía necesaria la estancia en prisión provisional de los 4 imputados, unos imputados que hasta la fecha tienen embargados diferentes inmuebles cuyo valor ni de lejos se acerca a las cantidades que habrán de devolver a los perjudicados y que tienen a su empresa, CPV, en situación de quiebra. Vamos, que su solvencia está fuera de toda duda.

Realmente sería deseable, así, que el Gobierno cumpliera la obligación que se ha impuesto por medio de la Ley 38/02, de 24 de octubre, sobre el procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, en su disposición adicional 4ª, por la que en el plazo de un año se obliga a presentar ante las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la regulación de la prisión provisional. De esta forma se conseguiría que el procedimiento penal, en este concreto ámbito, empezara a tener unos criterios lógicos y que la disparidad de criterios de los jueces instructores no diera lugar a situaciones como la actual.

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