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Ramón Villota Coullaut

¿Magistrados o legisladores?

Ramón Villota Coullaut
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El artículo 3º del Código Civil dice así: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. No se puede escribir más claro. Por supuesto que, en el ámbito penal, hay que tener en cuenta que la interpretación siempre ha de ser restrictiva, a beneficio del reo se dice. Pero que la interpretación sea restrictiva en el ámbito penal no quiere decir que haya que olvidarse de los criterios interpretativos del Código Civil, que son aplicables a todo el ordenamiento jurídico.

Y en este caso los antecedentes legislativos de la “colaboración intelectual” nos dicen que el delito de apología se incluyo en la parte general del Código Penal de 1995 porque el delito de colaboración con banda armada no era suficiente para iniciar procedimientos penales contra los que pudiéramos llamar terroristas de salón. Pero la tipificación de este delito –el artículo 18 del Código Penal– también resulto ineficaz, puesto era necesaria –a juicio de los tribunales– una concreción aún mayor, que vino con la reforma de 22 de diciembre de 2000.

Esta reforma introdujo un novedoso en el Código Penal –el artículo 578–, en la misma sección que el resto de los delitos de terrorismo: el delito de “enaltecimiento o justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código ( los delitos de terrorismo) o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares”.

Lo que queda meridianamente claro, así, es que el Poder Legislativo, el Parlamento –criticado por el Tribunal Supremo por no concretar suficientemente lo que quiere– ha realizado dos reformas en los últimos años con una finalidad muy concreta: sancionar a quienes apoyan la realización de acciones terroristas como si fueran terroristas. Pero, al parecer, la intención de los legisladores todavía no está suficientemente clara para la Sala II del Tribunal Supremo, que esta vez aduce que, aun encontrándose en la misma sección del Código Penal, determinados delitos de terrorismo sí pueden considerarse como tales, pero, en cambio, otros no; puesto que, según la doctrina de los magistrados de la Sala II, se trata de delitos relacionados con el terrorismo, pero sólo “en el plano ideológico”.

Esto ya no es interpretar la ley de forma restrictiva: es modificar de forma aleatoria lo que dice la ley, algo que, obviamente, no es competencia del Poder Judicial, ni tan siquiera de los magistrados del Tribunal Supremo.

Todo ello sin mencionar el último tramo de esta polémica, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que los magistrados se escudan para no juzgar las declaraciones de Otegi en Francia. Una Ley Orgánica que, dicho sea de paso, no es en absoluto in compatible con la posibilidad de que los delitos de terrorismo pueden ser juzgados, sea cual sea el lugar donde se han cometido. La Audiencia Nacional tiene amplia experiencia al respecto.

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