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Ramón Villota Coullaut

MARTES Un adelanto del Derecho Penitenciario

Ramón Villota Coullaut
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La libertad condicional es una parte fundamental de la resocialización, puesto que este principio de nuestro Derecho Penitenciario no es algo fijo, sino que se mueve según la evolución del interno. Así, muchos Jueces de Vigilancia Penitenciaria reclaman a la sociedad una actitud menos agresiva ante la puesta en libertad de internos en tercer grado penitenciario. El riesgo de que los reclusos vuelvan a delinquir o incumplan el régimen que se les ha establecido siempre existe, pero la propia existencia de la pulsera hace que la sensación de vigilancia favorezca un buen uso de la libertad por parte del interno y el que la sociedad sienta una mayor seguridad con unas medidas que, en último caso, van a beneficiar tanto al recluso como al resto de ciudadanos.

Al recluso, porque le acerca a su vida en libertad. Y a la ciudadanía, porque comprueba, con anterioridad a la puesta en libertad del interno, que éste está realmente recuperado para la vida en sociedad. Y no hay que olvidar que el interno, tarde o temprano, volverá a vivir en libertad, siendo mucho mejor que previamente a ello haya demostrado que los efectos de las técnicas de resocialización han dado buen resultado.

Esta idea ya inspiró a nuestro ordenamiento penal en 1914, con la introducción en España de la Ley de Libertad Condicional. Esta norma se ha plasmado en todos nuestros ordenamientos penales hasta la fecha, finalizando en el Código Penal de 1995 y en su artículo 90. Según este precepto y para que el recluso sea beneficiario de la misma, el interno requiere de haber cumplido tres cuartas partes de la condena impuesta, observar buena conducta y tener un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, sin perjuicio de que el Juez de Vigilancia Penitenciaria pueda imponerle diversas medidas de control.

Dentro de estas medidas de control ha de mencionarse la existencia de estas pulseras, que tienen antecedentes en otros países europeos, utilizándose tanto para internos en tercer grado penitenciario como con respecto a aquellos otros que se encuentran sujetos a suspensión o sustitución de una pena privativa de libertad o incluso que se encuentran en tercer grado penitenciario pero que todavía no han cumplido la totalidad de las condiciones para obtener la libertad condicional. Y ello, con la última finalidad de ayudar al interno en su reintegración compaginada con el control que la sociedad reclama para evitar que internos beneficiarios de medidas como la actual puedan volver a cometer delitos.

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