Menú

Ramón Villota Coullaut
0
Lo ocurrido en los Juzgados de Marbella no tiene nombre: han desaparecido más de 10 expedientes judiciales en tres Juzgados. Esto implica que habrán de reconstruirse todas las actuaciones judiciales habidas hasta la fecha, puesto que sin fase de instrucción documentada no es posible la celebración posterior de un juicio oral. El juicio oral no es más que la presentación ante el órgano juzgador los datos que en la fase de instrucción presuman la existencia de un hecho delictivo y, como es natural, esto no se puede hacer si la documentación que apoya estas investigaciones ya no existe, todo ello con la finalidad de juzgar sobre dichos datos, que han de corroborarse en esta fase, en el juicio oral.

De esta forma, la situación actual obliga a la reconstrucción de las pruebas realizadas, en todo lo que sea posible, sin perjuicio de la posible responsabilidad disciplinaria en que hayan incurrido los secretarios judiciales y jueces de los Juzgados de Instrucción nº. 1, 5 y 7 de Marbella, ya que a “los secretarios les corresponde la llevanza de los libros y el archivo y conservación de las actuaciones”, dice el artículo 287 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y “la guarda y depósito de la documentación”, dice el artículo 473.4 de la misma Ley Orgánica. Este mismo artículo, en su párrafo 2º, indica que es a “los secretarios judiciales a los que les corresponde ostentar la jefatura directa del personal de la Secretaría de la que son titulares, sin perjuicio de la superior dirección de jueces y presidentes”, en este caso por tanto, de los Jueces de Instrucción afectados por la pérdida de esta documentación.

Todo ello implica una posible responsabilidad disciplinaria tanto de los Jueces de Instrucción como de los Secretarios de los Juzgados nº. 1, 5 y 7 de Instrucción de Marbella. Esta responsabilidad disciplinaria de los Jueces instructores se dilucida ante los órganos del Consejo General del Poder Judicial. La de los secretarios judiciales, como la del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, ante el Ministerio o la Comunidad autónoma en caso de haber asumido estas competencias.

En Opinión