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Ramón Villota Coullaut

No volverá a patrullar

Ramón Villota Coullaut
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El Consejero de Interior del Gobierno Vasco, Javier Balza, tiene razón cuando recuerda que la Ley 4/92, de Policía del País Vasco, que se remite en este apartado a la Ley de Función Pública Vasca, de 6 de julio de 1989, sí permite la suspensión definitiva del servicio del agente de la Policía Municipal condenado por un delito relacionado con el terrorismo. Así, la existencia de un hecho delictivo como el de terrorismo, que ha conllevado una sanción de prisión y de suspensión de empleo o cargo público, implica, a su vez, la posible existencia de una sanción de carácter disciplinario.

Ello, en virtud del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Comunidad Autónoma Vasca, puesto que dentro de las faltas muy graves se recoge “el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto de Autonomía en el ejercicio de la función pública” (artículo 83 de la Ley de 6 de julio de 1989). La condena al agente municipal de San Sebastián por un delito relacionado con el terrorismo era causa suficiente para el inicio del correspondiente expediente administrativo, incluso antes de recaer sentencia firme, aunque posteriormente el relato de hechos probados de la sentencia penal vinculara al municipio. El único requisito es que la actuación de incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto se haya producido en el ejercicio de la función pública, lo que reconoce la propia sentencia que condenó a Patxi Añorga por colaborar en dos atentados terroristas.

Este procedimiento, en el caso de haberse producido, sería por falta muy grave, y hubiera aparejado, posiblemente, una sanción de separación definitiva del servicio, lo que implica la pérdida de la condición de funcionario del policía municipal. Esta catalogación como falta muy grave hace que el plazo de prescripción de la sanción sea de 6 años (Artículo 89 de la mencionada Ley) desde la comisión del hecho delictivo, plazo ya pasado.

En cambio, la situación actual lo único que permite es dar por concluida la sanción penal y, a partir de la petición de reingreso en el cuerpo de Policía Municipal de Añorga, posibilita que no se le otorgue el puesto anterior, puesto que el artículo 66 de la mencionada Ley permite que no se reincorpore en el puesto anterior si la sanción de suspensión de empleo o cargo público es superior a 6 meses, como en este caso.

Así, la posibilidad actual que maneja el Ayuntamiento de San Sebastián es la de entender que Añorga no va a volver al puesto de trabajo que tenía anteriormente, con lo que le tendrán que buscar un puesto distinto o entrar en una situación de excedencia forzosa (artículo 63 de la mencionada Ley) hasta que se le pueda encontrar un puesto de trabajo acorde con las necesidades del Municipio.

Por tanto, Añorga no va a perder su condición de funcionario con esta medida, ni tampoco las retribuciones básicas y la ayuda familiar, y el periodo de permanencia en tal situación será computable a efectos de trienios, derechos pasivos y consolidación del grado personal, pero no volverá a ejercer como policía municipal por las calles de San Sebastián.

Ramón Villota Coullaut es abogado

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