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Ramón Villota Coullaut

¿Otros en libertad provisional?

Ramón Villota Coullaut
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Otro éxito policial. Ahora a esperar que la instrucción del procedimiento penal que se abrirá no dure más de dos años y que la prisión provisional no se utilice como un medio de defenderse de una instrucción lenta. Porque puede reformarse las leyes cuantas veces se quiera, pero si, como ha pasado la semana pasada, la lentitud de la justicia y una serie de desatinos sin sentido ocasionan que se ponga en libertad, bajo fianza, eso sí, a seis etarras, los éxitos policiales pueden quedar desvirtuados.
 
Hay que tener en cuenta que la lucha antiterrorista ha tenido, en los últimos años, unas actuaciones judiciales –ilegalización de Batasuna o cierre del periódico Egunkaria, por poner sólo unos ejemplos– que han sido coincidentes con una actuación policial también muy exitosa. Gracias a ello, lo que hace unos años era una quimera, la posibilidad de que el terrorismo etarra se convierta en algo casi residual, parece que se puede lograr. Algo así no puede perderse por una mala actuación procesal, con una instrucción como la que desgraciadamente fue noticia la semana pasada, que tarda más de dos años. Y excusarse en que el fiscal no pidió la prórroga de la prisión provisional, cuando esa responsabilidad corresponde al juez instructor, parece una burda manera de escurrir el bulto impropia de un Juzgado Central de Instrucción, que tiene los medios suficientes para no prolongar una instrucción durante más de dos años y, con la última reforma de la prisión provisional, tiene la obligación de conocer y de informar al presidente de la Sala de Gobierno de que se ha sobrepasado las dos terceras partes de la duración máxima de la prisión provisional, de conformidad con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.
 
Pero esperemos que los lamentables hechos ocurridos en el Juzgado Central de Intrucción número 1 de la Audiencia Nacional en esta pasada semana no enturbien unos éxitos policiales y judiciales, unos éxitos que se fundamentan en una fructífera relación entre jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, además de una política que ha primado esa labor frente a épocas en donde no existía unas ideas claras respecto a la lucha antiterrorista.

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