La mejor forma de conseguir que nadie sepa nada de lo que realmente ha ocurrido en Madrid, por lo menos en los próximos años, es empezar a poner querellas contra todo aquel que se mueva. Si las querellas se admiten –su admisión sólo es una cuestión formal y no presenta muchos problemas, aunque su mayor o menor éxito sea más o menos previsible– ya puede uno ir a la próxima campaña electoral –y a la siguiente también–, con la cabeza bien alta. Por lo menos con algo de que hablar en los mítines.
Pero si de lo que estamos hablando es de obtener condenas por cohecho –solicitar o entregar dinero para obtener o dar algo a cambio–, la situación se complica. No sólo requiere captar llamadas telefónicas, estancias en hoteles o visitas a la sede del PP de un constructor. Hay que conseguir pruebas de lo que se dice. Si a esto añadimos que con la querella presentada hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha solicitado la prisión provisional de los Tamayo y Sáez, sus diputados díscolos, con el argumento de que su paradero es desconocido, y la pérdida de su condición de diputados autonómicos, vemos como en la práctica lo único que se quiere conseguir es meter ruido.
Si la petición de prisión provisional tiene muy difícil su éxito, ya lo más sorprendente es la petición que se realiza al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que suspenda provisionalmente sus actas de diputados autonómicos. Desde luego, esta petición es novedosa. Lo más cercano a ella en nuestra legislación procesal es el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice así: “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo, mientras dure la situación de prisión”.
Ya vemos que ni en los casos de terrorismo hay previstas medias tan duras como las solicitadas por el PSOE en la querella presentada este martes. Ello, a pesar de que lo más probable es que no tenga éxito, nos debe de congratular a todos. Realmente quieren luchar contra la corrupción. Eso sí, con métodos tan expeditivos que han sobrepasado los límites de nuestro ordenamiento penal, incluso los previstos para los terroristas. Si es que cuando se ponen no hay quien les pare.
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