Menudo éxito ha tenido la reforma de la Justicia. Desde que empezaron los trámites parlamentarios, a mediados de mayo, hasta la aprobación de la Ley Orgánica 2/01, de 28 de junio,sobre Composición del Consejo General del Poder Judicial, ha trascurrido escasamente mes y medio, un plazo increíblemente rápido para la velocidad de nuestros Parlamento. A su vez, en este escaso plazo han conseguido también que las asociaciones judiciales nombren a sus candidatos para obtener una plaza en el máximo órgano del Poder Judicial. Y, después de todo, surge el enfrentamiento en lo que parecía acordado de inicio, el nombramiento de los diferentes vocales, con lo que el Consejo sigue sin renovarse.
Pero esto no pasaría de ser una anécdota si nuestro Parlamento fuera la mitad de rápido con el resto de los trámites parlamentarios que se le van presentando. Recordando tan sólo los proyectos de ley que presenta el Gobierno ante el Congreso, podemos constatar que existe una total diferencia de criterios y que se dejan dormir normas importantes.
Como ejemplo de ello, entró en el Congreso, con fecha de 22 de diciembre de 2000, hace ya siete meses, una necesaria modificación de la Ley de Patentes, relativa a la protección jurídica de las invenciones tecnológicas, proveniente de una Directiva de la Unión Europea de 1998 (algo que día a día va teniendo mayor importancia ), y todavía no ha sido aprobada. Otro ejemplo lo tenemos con el Plan hidrológico Nacional, que entró en el Parlamento el 23 de febrero de este año y fue aprobado el día 5 de julio, casi 6 meses más tarde, un plazo que se podía dar, hasta la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como rápido.
Y eso sin entrar en otras reformas legislativas, que llevan esperando más de un año hasta que definitivamente se aprueben o se rechacen.
Ramón Villota-Coullaut es abogado.
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