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Ramón Villota Coullaut

¿Qué va a pasar con los 13.000 millones?

Ramón Villota Coullaut
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La fianza civil que Garzón ha pedido a los imputados por el conflicto Sintel proviene de que el delito da lugar a una responsabilidad penal y, a su vez, a una civil. Esto es lo que la doctrina penalista denomina una consecuencia reparadora del delito. Es decir, una consecuencia del delito que surge al margen de la pena, aunque deriva de la existencia del hecho delictivo. Los requisitos que esta medida de aseguramiento del patrimonio de los imputados son la existencia de indicios racionales de criminalidad (lo que de por sí ya se da si hay imputados) y que los perjudicados no hayan renunciado a la acción civil que les corresponde, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Algo que no ha ocurrido.

La responsabilidad civil indicada es asumida por los autores del posible delito, en este caso de la insolvencia punible, y la cantidad final será señalada en la sentencia que dé lugar a la finalización de este procedimiento penal. Esto no significa que Garzón, como instructor de la causa, provisionalmente pida determinada cantidad, más de 13.000 millones, para hacer frente a las responsabilidades civiles que se pueden derivar de este posible hecho delictivo.

Por supuesto que los afectados no podrán cobrar estas cantidades hasta la finalización de este procedimiento penal, pero siempre es una seguridad para las víctimas que el dinero se encuentre en el Juzgado y no en manos de quienes presuntamente ya han cometido un delito de alzamiento de bienes. Todo ello sin contar que de los adelantos en la investigación se pueda desprender una modificación de la responsabilidad civil o incluso de que pueda añadirse a esta responsabilidad civil derivada del delito otra fianza más, pero en este caso para salvaguardar la responsabilidad penal de los imputados, y como sustitutivo de la prisión provisional.

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