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Ramón Villota Coullaut

Reivindicaciones injustificadas

Ramón Villota Coullaut
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Marruecos siempre ha intentado equiparar a Gibraltar con la situación de Ceuta y Melilla. Ambas situaciones tienen, desde luego, sus coincidencias: la contigüidad geográfica, en un caso con España y en otro con Marruecos, es clara, aunque no tanto como puede parecer. La ubicación de estos territorios demuestra algo que es evidente: Gibraltar está bastante descolocado geográficamente respecto al territorio del Reino Unido, mientras que Ceuta y Melilla se encuentran a tiro de piedra de la Península. A partir de ahí surgen las diferencias.

Históricamente, multitud de Tratados reconocen la españolidad de unos territorios antes de la existencia del Protectorado hispano-francés (1912-1956), por lo que entender que la reivindicación actual es una consecuencia del fin del Protectorado es abusivo, sin perjuicio de que una primera visión geográfica puede favorecer las tesis de Marruecos. Pero el famoso criterio de contigüidad geográfica que Marruecos intenta incluir en esta controversia, como he indicado más arriba, no tiene base alguna en el Derecho Internacional más que, en todo caso, un principio de prueba sobre la existencia de un título de soberanía. Y el mayor ejemplo de ello lo dan las propias resoluciones internacionales, como la del asunto de la isla de Palmas, conflicto entre Holanda y Estados Unidos a partir de que los EE.UU. tomaran el control de Filipinas en 1898. Holanda pudo probar que la soberanía holandesa sobre dicha isla fue aceptada por España durante siglos y, de esta forma, debía aceptarse también por EE.UU., que en 1898 y en virtud del Tratado de París asumió la situación anterior de España con respecto a las Filipinas. Así, el dictamen que resolvió esta controversia otorgó preferencia al plano histórico sobre el meramente geográfico.

Posiblemente, eso sí, la existencia de unas correctas relaciones entre Marruecos y España pudiera ocasionar que en los peñones se llegará a un acuerdo de desmilitarización, algo que España ya ha propuesto y que en el plano internacional tiene un claro antecedente: el caso de las islas Aland, situadas entre Finlandia, Rusia y Suecia. En este caso, el Convenio de 1856 reconoció la soberanía rusa de las indicadas islas, pero a su vez obligaba a su desmilitarización. Al final de la Primera Guerra Mundial, y con la independencia de Finlandia, se mantuvo la misma situación, siempre diferenciándose dos planos: uno, el de la soberanía –en este caso finlandesa–, que no es discutida, y otro, el de la desmilitarización de las islas situadas en el Mar Báltico.

Parece claro, así, que lo que quiere Marruecos es crear polémica sobre unos territorios que no se han encontrado nunca dentro de los considerados a descolonizar por la ONU, pero, en cambio, intenta –utilizando estas ciudades y peñones– hacer olvidar sus problemas internos y la situación del Sahara Occidental, un territorio muy apetecible por su presumible riqueza. Ello le obliga, a su vez, a incumplir las resoluciones de la ONU que obligan a realizar un referéndum en la antigua colonia española y que puede dar unos resultados nada favorables a los intereses de Marruecos. Es de resaltar que la ONU ya resolvió que el Sahara, cuando fue conquistado por España, no tenía relación que implicara vínculos de soberanía con el Reino de Marruecos (Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de 16 de octubre de 1975). Y ya en 1981, el padre del actual monarca aceptó la eventualidad de un futuro referéndum, de acuerdo con los criterios de la Resolución 3458 de la ONU. Desde luego que, vista la situación, España ha de mantenerse firme en el tema del Sahara, como en el de Ceuta y Melilla, porque la expansión territorial del Reino marroquí no parece conocer límites desde que finalizó el Protectorado.

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