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Ramón Villota Coullaut
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El Gobierno Zapatero está empeñado en la tolerancia cero en la violencia doméstica, lo que en principio no tendría que estar mal. Pero ahora, con el proyecto de Ley integral sobre la violencia contra las mujeres, lo que en la práctica se puede producir, si no se ha producido ya, es un efecto llamada. A día de hoy la mejor forma de empezar un proceso de separación para una mujer no es un Juzgado de Familia o de Primera Instancia, siempre en lo civil, sino la posible obtención de una orden de protección, vía denuncia, incluso con medidas civiles, para así tener más argumentos en el procedimiento de separación posterior, sin contar con las ayudas económicas que pueden obtenerse a partir de estos casos.
 
Pero el Gobierno sigue sin hacer caso a multitud de profesionales que han mencionado que en muchos casos las denuncias son falsas y que, como es natural, cuanto más se habla de hasta crear una jurisdicción específica para la violencia doméstica (ahora de género) –como en el proyecto de ley que el Parlamento habrá de debatir en el próximo periodo de sesiones– lo que se está es dando alas a quienes no se encuentran en una situación real de peligro, sino ante simples desavenencias conyugales o de pareja. Así, en múltiples casos –sería interesante conocer también estos datos– la convivencia entre la pareja se mantiene incluso con la orden de protección ya dictada y el procedimiento de separación que teóricamente se ha iniciado ante el Juzgado de Instrucción –en vía penal, por tanto– no tiene continuidad ya ante los juzgados civiles, con lo que la realidad de la situación de peligro para la mujer no parece ser tal.
 
Es cierto, como es natural, que hay todavía casos ocultos de violencia doméstica, siempre los habrá, y que sólo una pequeña parte de las denuncias son falsas, pero si se quiere solucionar esta lacra social realmente no va a ser estigmatizando a los hombres y dando a entender que cualquier relación de pareja es ya de por si un previsible delito. Desde luego, estamos pasando de una situación en la que todo lo que ocurriera de puertas hacía dentro no era de incumbencia de la sociedad, ni del derecho penal por supuesto, a justo la situación contraria, en donde la tolerancia cero está obligando a tomar decisiones a muchos juzgados de instrucción en un plazo de 3 días y después de una vista de apenas unos minutos, tanto respecto al ámbito penal como al civil, en donde se entremezclan el uso de la vivienda, la guarda de los hijos, con su correspondiente pensión de alimentos y el derecho de visita a beneficio del padre –con el nuevo proyecto, es posible que el padre pierda este derecho-, con medidas estrictamente penales, como la propia orden de protección y una posible pena de prisión de hasta 1 año, que generalmente no se cumple, se sustituye por una sanción de multa.
 
Así, lo principal no es, a mi entender, endurecer la legislación que hay, sino en tener los suficientes medios para poder descubrir si realmente la situación de peligro para la vida de la mujer es tal o no es más que un medio para obtener una mejor separación o una forma de dañar a su pareja, o incluso cualquier tipo de ayuda que no podría obtener de otro tipo. Y el Gobierno piensa en endurecer la legislación, incluso haciendo que todo tipo de amenazas puedan ser delito. Va fomentar la existencia de más denuncias falsas.

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