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Ramón Villota Coullaut

Una peculiar forma de legislar

Ramón Villota Coullaut
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Estos últimos días del año estamos asistiendo a unas reformas legales sorpresivas, no por su fondo, pero sí por su forma. Parece que se ha encontrado una nueva manera de legislar, mediante las disposiciones adicionales de leyes que no tienen nada que ver con lo que efectivamente se reforma. Así, la Ley de Arbitraje ha sido utilizada para sancionar penalmente a aquél que convoque o permita la convocatoria de un referéndum ilegal o a quien subvencione a un partido político declarado ilegal, y la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir otras tantas modificaciones que no tienen nada que ver con la Ley Orgánica del Poder Judicial.
 
Así, con la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, las medias de agilización de determinados procedimientos civiles -deudas inferiores a 3.000 €, desahucios por falta de pago o procedimientos matrimoniales- se concretan con las Oficinas de Señalamiento Inmediato, que en un futuro existirán en los partidos judiciales que el Ministerio de Justicia entienda oportuno. De esta forma ya se ha formalizado la legislación que, en un futuro no muy lejano, tendrá plena vigencia en los municipios más importantes, como Madrid, Barcelona o Valencia.
 
A su vez, y también de tapadillo, se ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo referente a la ejecución provisional de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, con lo que se ha aceptado una petición periodística existente desde la entrada en vigor de dicha ley. De esta forma no bastará que un juez de primera instancia condene a un medio periodístico al pago de determinada cantidad de dinero por vulnerar los derechos al honor, intimidad o imagen de determinada persona, sino que cabe que con la apelación se suspenda el pago de la cantidad indemnizatoria recogida en la sentencia hasta que un tribunal de segunda instancia decida.
 
Otras reformas de gran calado que afectan a las grandes ciudades son la creación de un nuevo cuerpo de funcionarios con la función de dirigir el tráfico y con, lo que es más importante, la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Para finalizar con las modificaciones establecidas por estas disposiciones adicionales, el Ministerio Fiscal contará con un sistema de información y una red de comunicación plenamente integrada -algo que parece mentira que no tuviera hasta ahora-, además de producirse diversas modificaciones en orden a la oficina judicial, para reorganizar su funcionamiento.
 
Por tanto, lo que teóricamente no ha sido más que unas reformas, importantísimas, tanto de la Ley Orgánica del Poder Judicial como de la Ley de Arbitraje, se han convertido en cambios indiscriminados de otros textos legales -Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa-, de forma que lo que en el fondo son reformas necesarias se convierten en modificaciones insospechadas de nuestro ordenamiento jurídico. Y la sorpresa en el campo legislativo no es lo más indicado.

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