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Ramón Villota Coullaut

Una reforma legal, ¿para qué?

La iniciativa para disolver los Ayuntamientos de ANV corresponde al Consejo de Ministros y puede realizarse de forma casi inmediata, con lo que no hay manera de entender ese empeño de la vicepresidenta de reformar una ley que ya es suficientemente clara.

Ramón Villota Coullaut
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La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anuncia que la Ley de Bases de Régimen Local va a ser reformada otra vez para evitar que ANV mantenga el control de diversos ayuntamientos, tanto en el País Vasco como en Navarra. Pero se olvida de que la reforma de la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, ya posibilita la disolución de dichas corporaciones locales. Así, el artículo 61 de la citada Ley de Bases de Régimen Local dice:

El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

Y en el segundo párrafo se explica el anterior de la siguiente forma:

Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.

Por tanto, la iniciativa corresponde al Consejo de Ministros y puede realizarse de forma casi inmediata, con lo que no hay manera de entender ese empeño de la vicepresidenta de reformar una ley que ya es suficientemente clara y que no sólo recoge en el primer párrafo del citado artículo 61 el procedimiento, sino que en el segundo explicita qué se ha de entender por "decisiones gravemente dañosas para los intereses generales que supongan incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". Y desde luego, el Ayuntamiento de Azpeitia, como otros muchos de ANV, ha dado motivos suficientes para aplicar un precepto cuya finalidad es impedir que quienes apoyan a los terroristas puedan seguir dirigiendo corporaciones locales.

Es decir, que el anuncio de reformar la Ley de Bases de Régimen Local sólo parece ser una estrategia para ganar tiempo y tener abierta una vía para utilizarla en el momento en que el Gobierno lo considere oportuno. El problema es que esta vía ya está abierta y es difícil de entender que ANV todavía pueda seguir manteniendo unas alcaldías desde las que está apoyando el terrorismo.

Ramón de Villota Coullaut es abogado, puede contactar con él aquí.

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