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Ramón Villota Coullaut

Y ahora la defiende

Ramón Villota Coullaut
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El antiguo Defensor del Menor de la Comunidad Autónoma de Madrid, actualmente psicólogo en el Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad Autónoma, mantiene su idea primitiva: la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores es buena. Esta Ley Orgánica, que elevó la edad hasta los 18 años desde los 16 anteriores, partía de que es mejor resocializar un delincuente, y más si es joven, que hacerle entrar en una espiral de delito-sanción penal que no le va a llevar a ninguna parte. Un afamado penalista ya dijo que no ha de buscarse el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Pero por supuesto que esta frase, con la que todos estamos de acuerdo, no es contraria a entender que nuestro derecho penal de menores se ha convertido en un derecho con un componente resocializador tan grande que ha olvidado una finalidad fundamental de todo ordenamiento penal: El fin resocializador debe estar en concordancia con la prevención del delito y la sanción por la comisión de hechos delictivos.
 
No parece que un máximo de 8 años de cárcel para los asesinos de Sandra Palo, uno solo entre muchos casos atroces habidos desde la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, sea una manera de conjugar los deseos de rehabilitar a los menores que cometieron este horrible crimen con el deseo de sancionar unas conductas que repugnan a cualquier ser humano. Lo peor es que en la redacción de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores hubo un olvido muy grave, la posición de la víctima, que se encuentra desamparada dentro del propio procedimiento y también después, con unas condenas ridículas para el daño producido.
 
Evidentemente, cuando Urra menciona los efectos positivos de la citada Ley Orgánica entiendo que se ha de referir única y exclusivamente a pequeños hurtos y robos o delitos de daños, en muchas ocasiones cometidos por menores que pueden ser encauzados posteriormente para la vida en sociedad –aunque no siempre–, pero evidentemente es increíble que pueda referirse a hechos como el de Sandra Palo o el ocurrido en San Fernando, en donde dos niñas mataron a una amiga del colegio “para ver qué se sentía”. En estos casos y otros semejantes, el componente sancionador de la pena, como es natural, ha de primar sobre la hipotética –e improbable– rehabilitación de los menores. Y reconocer esto no es ir en contra de las medias resocializadoras, es aceptar la realidad: Quien ha cometido un delito es un delincuente, y ello tiene sus consecuencias, lo que no es contrario a la aplicación de medidas resocializadoras si la evolución del menor lo requiere.
 
No se ha de olvidar que el derecho penal existe como un mínimo ético o, como ha recogido uno de los mejores penalistas de la actualidad, Jescheck, su fin es asegurar la inquebrantabilidad del orden jurídico, algo que es bastante difícil de conseguir en una sociedad en donde las condenas máximas a menores de 18 años es de 8 años. Parece que la Ley Orgánica actual ha olvidado cuál es la finalidad última del derecho penal y tan sólo se basa en la mejor resocialización del menor, sin importar el delito cometido y sus consecuencias. Así, son los equipos técnicos quienes aconsejan al fiscal la mejor medida para la correcta ubicación del menor en la sociedad y éste, el fiscal, es el único que puede llevar la acusación en este tipo de delitos, con unos parámetros legales sin sentido para el ordenamiento penal. En definitiva, al menor delincuente se le trata casi exclusivamente como a un enfermo que necesita cuidados, y no como a un malhechor que debe purgar su delito.
 
Para muestra de la conducta de quienes tienen un extraño concepto de la protección de los menores, un botón. Cuando unos padres decidieron hace pocas semanas dar publicidad mediante un video a que su hijo recién nacido era maltratado por su niñera, ¿se imaginan cuál fue la actitud de Javier Urra? Criticar esa actitud, la de los padres por supuesto, por “afectar” a la protección del menor. Increíble, pero cierto. Y Javier Urra fue defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Lo mejor de la noticia es justamente eso, que fue.

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