Los disturbios de este viernes en San Sebastián dan cuenta por sí solos de la legitimidad nacionalista que ampara a los violentos. La violencia sale gratis, porque se imputa su origen no a los que han cometido efectivamente los actos de terrorismo callejero, sino a aquellos que les han servido de justificación, en este caso Falange Española, cuya manifestación había sido permitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ¡menos mal que el Departamento de Interior vasco no se culpa a sí mismo por ordenar a la Ertzaintza reprimir a los violentos!
Lo que pretende con esta maniobra la Consejería de Interior es ocultar además su propia negligencia a la hora de impedir unos disturbios que estaban perfectamente pensados y organizados, a imitación de los que provocan los grupos antisistema en las reuniones del Foro de Davos y otras citas internacionales. Nosotros nos preguntamos, en consecuencia, quiénes son los inductores de estos actos de terrorismo callejero, ¿acaso Pernando Barrena, el último representante autorizado de Batasuna para amenazar a la sociedad con un “recrudecimiento de la violencia hasta marzo”? ¿O algunos de sus compañeros de organización terrorista recientemente encarcelados?
Luego resulta que es la Policía vasca la que está en el punto de mira por cumplir su deber, mientras los dirigentes nacionalistas se escudan ante ETA-Batasuna en que están obligados a cumplir la Ley de Partidos, aunque luego procuren subvertirla al ofrecer a ANV-Batasuna un trato privilegiado. Pero lo que interesa apuntar aquí es la forma en la que funcionan los mecanismos de culpabilización que aplican los nacionalistas desde el Poder: en vez de asumir su obligación y prohibir la concentración convocada por, entre otras organizaciones, ANV y la ilegal SEGI, la Consejería de Interior decide inhibirse hasta que se descontrolan los acontecimientos, y entonces procede a cargar las tintas contra los convocantes del acto que ha suscitado la reacción violenta.
Es la misma estrategia que persiguen quienes buscan legitimar las protestas de ANV-Batasuna en contra de la Corporación municipal de Lizarza con la justificación de que es el PP el que crispa, el que origina esa reacción violenta como respuesta. En realidad, se trata de ocultar que en Lizarza se ha llegado a un punto en el que ningún partido político democrático parece tener derecho a presentar su candidatura, porque los proetarras consideran que es su feudo particular y que el Ayuntamiento les pertenece por derechos adquiridos de conquista.
Los nacionalistas también tratan de ocultar que el PNV se ha retirado de Lizarza por miedo o por connivencia en el reparto de zonas de influencia con ETA-Batasuna, lo que le ha llevado a desamparar a los vecinos de Lizarza para evitar, precisamente, ser acusados de crispar y violentar a los proetarras, y esquivar de esa manera cobarde la responsabilidad por los actos violentos que se pudieran producir como reacción. Nosotros desde luego nos sentimos legitimados para gobernar el Ayuntamiento, y además pensamos que sólo así podremos ir desactivando la coacción terrorista en el pueblo.
Por su parte, el PNV y los nacionalistas en su conjunto seguirán buscando razones para legitimar la violencia de ETA-Batasuna en todas sus manifestaciones, hablando de “origen político del conflicto” o de “represión de los derechos civiles” en el País Vasco, porque necesitan de la siniestra alianza con los proetarras para tratar de sacar adelante los planes de secesión del lehendakari Ibarretxe.
Mientras tanto, la violencia callejera persiste con una intensidad desconocida en los últimos tiempos del Gobierno de José María Aznar, y a día de hoy ni fiscal general ni ministro de Justicia o de Interior, ni desde luego el presidente del Gobierno entienden que hay suficientes indicios para ilegalizar ANV. Será porque no se han molestado en recabar los datos necesarios, o quizás es que coinciden con los nacionalistas en que los provocadores son siempre “los otros”.
Comente este artículo en el Blog de Regina Otaola en Libertad Digital
