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Regina Otaola

Por una política antiterrorista contra ETA

No hay atajos, como los GAL, porque contribuyen a reforzar la legitimidad de ETA. Tampoco vale, por las mismas razones, entablar una negociación política sobre los fines de los terroristas

“Nuestras normas y nuestras instituciones son la mejor protección que tienen los ciudadanos frente a la agresión del terror; por ello, esta respuesta es la que han tenido, tienen y tendrán, conforme a la Constitución y a las leyes, cuantos intenten alterar por la fuerza la libre convivencia de los españoles”, declaró el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocer la reciente sentencia sobre los atentados terroristas del 11-M.
 
En el PP siempre hemos estado de acuerdo con esta máxima, porque forma parte de nuestras convicciones políticas mantener que contra los terroristas solo cabe la aplicación del Estado de Derecho. No hay atajos, como los GAL, porque contribuyen a reforzar la legitimidad de ETA y la de quienes los amparan con la excusa de un “contencioso vasco” que enfrentaría a dos bandos armados. Tampoco vale, por las mismas razones, entablar una negociación política sobre los fines de los terroristas.
 
Por eso sorprende la declaración del presidente del Gobierno cuando su programa estrella para toda la legislatura ha sido sostener, precisamente, que con los terroristas de ETA se podía y debía entablar un diálogo político para alcanzar “la Paz”. Nosotros en el PP sostenemos, como siempre hemos hecho, que el diálogo con los terroristas sólo da alas a sus pretensiones, porque entienden los criminales que con violencia pueden lograr un estatuto privilegiado de interlocutores políticos del que carecerían por los resultados obtenidos en las urnas.
 
En consecuencia, hemos reclamado a lo largo de toda la legislatura que el Gobierno desplegara una política antiterrorista eficaz contra ETA, lo que desde luego requiere deslegitimar el terrorismo como medio de acción política, y no es eso lo que se ha buscado con el término “proceso de paz”, ya que esta denominación sirve a ETA para legitimar sus crímenes al circunscribirlos a un presunto escenario de guerra conocido en estos lares como “conflicto político vasco”.
 
Al margen de la legitimidad de cualquier causa, el Estado de Derecho debe ser aplicado a los que utilizan los medios criminales para defender sus tesis, porque importa sólo que utilizaron esos medios para sembrar el terror. Muchas causas pueden ser legítimas, pero los medios terroristas nunca lo son. Por eso nos gustaría creer al presidente del Gobierno cuando dice ahora que a los terroristas se les va a aplicar el Estado de Derecho, independientemente de las causas que persigan, pero para ello debería dejar claro previamente que no hay “proceso de paz” que valga con una banda de criminales.
 
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