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¿A quién desarma el desarme?

Eliminar el mercado legítimo de armas de fuego para disminuir la violencia y delincuencia parece algo similar a eliminar los termómetros para disminuir la fiebre.

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El gobierno argentino envió al Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en materia de tenencia de armas de fuego. Para ello pretende establecer, a través del Ministerio del Interior, un plan para comprar todas las armas de fuego y municiones que sus tenedores voluntariamente estén dispuestos a entregar para su destrucción y, al mismo tiempo, evitar su comercialización.

El mensaje del Poder Ejecutivo al elevar el proyecto al Congreso señala que "diversos hechos de nuestra historia han afectado la seguridad de las personas físicas, resultando de tal proceso, que gran parte de la sociedad civil, paulatinamente, considerara necesaria la tenencia de armas de fuego para su defensa personal". Indica que esta circunstancia "lejos de brindar mayor seguridad al individuo, lo coloca en un alto nivel de riesgo personal".

Según el gobierno, el Estado Nacional debe proveer a los habitantes parámetros más deseables de seguridad personal, no sólo desterrando la violencia en sí misma, sino atacando los factores que la generan. Para ello, "propone colocar a las armas como objeto fuera del comercio, por el período que transcurra la emergencia".

¿A quién se pretende desarmar con esta ley? Los delincuentes obtienen las armas en forma clandestina en un lucrativo mercado donde es muy fácil alquilar una pistola por muy poco dinero, que incluso se paga con el producto del asalto. A ellos se les deben quitar las armas, para lo cual no hace falta una ley.

A quienes está dirigida esta ley es a las personas decentes, que no tienen antecedentes criminales, que pasan una serie de pruebas de aptitud psicofísica y técnica y se encuentran registradas y controladas por el Estado. Ellos se verán privados de un medio apto para proteger sus vidas.

Si cada vez más personas decentes se vienen armando es precisamente porque no sienten que el Estado cumple con su función de brindar seguridad. Esto se demuestras con el aumento en los índices de criminalidad violenta. La violencia no es ejercida por quien compra un arma para defenderse, sino por quien la usa clandestinamente para delinquir. Desarmarlos, sin desarmar a los criminales, y mantener la misma ineficiencia estatal en materia de seguridad es colocar a los ciudadanos en el peor de los mundos.

Pueden ocurrir accidentes por el mal uso de las armas, y ello produce heridos y muertos. La mejor forma de evitarlo es ser muy cuidadoso en la capacitación requerida para otorgar los permisos. Pero también hay que recordar que muchas muertes, muchos crímenes, son diariamente evitados por la disuasión o el uso efectivo de armas de fuego de manera defensiva.

Si se piensa lógicamente cuáles deberían ser las acciones del Estado para disminuir los índices de criminalidad y violencia, se podría enumerar:

  1. Quitar de circulación la enorme cantidad de armas clandestinas, muchas de las cuales son productos de otros delitos y se reciclan una y otra vez en un mercado ilegal que el gobierno parece incapaz de controlar.
  2. Llevar un concienzudo registro de los legítimos usuarios de armas, de sus condiciones personales y técnicas para tener o portar armas de fuego, de modo que se pueda tener cierta confianza en que las armas estarán en buenas manos.
  3. Instruir a las fuerzas de seguridad para que puedan realizar con mayor eficiencia su labor. Buena parte de los crímenes se cometen, o bien porque las fuerzas de seguridad han sido insuficientes o ineficientes; o bien porque han sido imprudentes y provocaron ellas mismas los daños; o bien porque algunos miembros de esas fuerzas se convirtieron en criminales.
Eliminar el mercado legítimo de armas de fuego para disminuir la violencia y delincuencia parece algo similar a eliminar los termómetros para disminuir la fiebre. Con el agravante de que un termómetro no puede evitar la muerte de un enfermo, pero un arma de fuego sí puede evitar la muerte de la víctima de un crimen.
© AIPE

Ricardo M. Rojas es juez, vicepresidente de la Fundación Hayek (Buenos Aires) y autor del libro "Los Derechos Fundamentales y el orden jurídico e institucional de Cuba".

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