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¿Quién pagará la redolarización?

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El 5 de marzo, la Corte Suprema de Justicia argentina finalmente dictó sentencia en uno de los miles de amparos interpuestos por tenedores de certificados de depósito a plazo fijo en dólares, que exigen la devolución del dinero en las condiciones pactadas. El primer pronunciamiento involucró a la Provincia de San Luis, aunque la propia sentencia admitió que lo que allí se resolvió repercutiría en los miles de casos pendientes y, por lo tanto, dejó abierta una instancia de diálogo para que se arbitren los mecanismos para que la devolución del dinero no produzca una hecatombe económica.

Es difícil no entusiasmarse al leer el voto mayoritario de la sentencia que reconoce la importancia del derecho de propiedad y la necesidad de su protección judicial. Pero una segunda lectura del problema en su conjunto es inevitable porque alguien, necesariamente, deberá pagar las consecuencias.

Se ha venido debatiendo si el costo de esta “redolarización” se podrá pagar o no, cómo se pagará y cuándo. Pero pienso que la primera pregunta debería ser: ¿quién deberá pagarlo? Y la segunda: ¿por qué? Esto último se vincula directamente con la moralidad de los actos y sus consecuencias, algo que no ha interesado a políticos ni a los jueces al resolver este tipo de cuestiones desde hace un siglo. Esta redolarización” producirá distorsiones parecidas a la “pesificación” anterior. Surgen incontables casos de beneficiados y perjudicados, pero el costo final será pagado, nuevamente, por los habitantes comunes.

No es nueva la historia de planes económicos que culminan en fracasos catastróficos. Desde los planes quinquenales de Perón en la década de los 50 hasta el reciente “corralito” sucedieron innumerables intentos de burócratas y “tecnócratas” por controlar la economía. Cada fracaso significó un despojo al derecho de propiedad, que se justificaba afirmando que ello permitiría una vida mejor de cara al futuro. Las sentencias que convalidaron el Plan Bonex del ministro Domingo Cavallo a principios de los 90 argumentaban que esa violación al derecho de propiedad permitiría terminar con la hiperinflación y generar una estabilidad perdurable. Sin embargo, una década más tarde la historia se repite. Solamente porque los argentinos han tenido la terca inclinación a vivir mejor, pudieron sobreponerse a cada quiebra, a cada nuevo plan y levantarse hasta la siguiente caída.

Bajo un análisis de costo-beneficio, el problema está claro: el costo de estos fracasos no es pagado por los funcionarios que los crean y ejecutan, ni por los jueces que los legitiman. A lo sumo renuncian al cargo hasta que la gente se olvida de ellos, pero jamás responden con su patrimonio por tan graves errores. La sentencia de la Corte Suprema debería generar respuestas diferentes. Sostuvo “que en exceso de las facultades delegadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional transformó, compulsiva y unilateralmente, la sustancia de los depósitos bancarios efectuados en moneda extranjera, al disponer su conversión a pesos... con una relación entre la moneda nacional y las divisas que no refleja el valor del capital originariamente depositado”.

Señaló “que el poder administrador, al margen de las directivas establecidas por el Poder Legislativo desconoció –contra legem–, la sustancia de los depósitos bancarios efectuados en moneda extranjera, al ordenar su eventual –y postergada– restitución a un valor arbitrariamente fijado por ese mismo poder estatal... que se proyecta, en el sub lite, como un grave agravio al derecho constitucional de propiedad”. Concluyó que “el régimen puesto en tela de juicio ha consagrado contra una ley del Congreso, una grave lesión del derecho de propiedad...”

Las preguntas que surgen son: ¿por qué los funcionarios responsables, si violaron las leyes y la Constitución, no responden por su conducta, tanto en el terreno civil, como en el penal o el administrativo? ¿Por qué no han sido embargados sus bienes? ¿Por qué no están procesados por algunos de los delitos contra la administración pública o el orden constitucional que prevé el Código Penal? ¿Por qué no son inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos? Un médico, un abogado o un conductor de colectivos que viola las reglas de su profesión y producen un perjuicio deben responder por las consecuencias de su dañina actuación. Pero los funcionarios políticos son siempre impunes. Incluso años después de un fracaso, se reciclan y reinciden en los mismos vicios.

La señal que esa impunidad genera entre los políticos y funcionarios es nefasta y probablemente causará el próximo plan catastrófico que suframos en Argentina, elaborado por gente irresponsable, impune y todopoderosa, sabiendo que aun cuando sus decisiones sean revocadas por sentencias judiciales, nunca pagarán por las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, es esencial reforzar los mecanismos institucionales para que funcionarios y políticos encabecen la lista de los responsables por los desquicios que producen los gobiernos.

© AIPE

Ricardo M. Rojas es juez, profesor de la Universidad de Buenos Aires y ex secretario de la Corte Suprema argentina.

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