El síntoma de alarma es la debilidad fiscal. A partir de ese síntoma, los gobiernos tienen que replantearse radicalmente no sólo lo que hacen y cómo lo hacen, sino para qué lo hacen. El caso de Nueva Zelanda hace 20 años y de la Argentina hoy representan las dos respuestas opuestas ante una misma señal de alarma: la inviabilidad fiscal del gobierno.
En Nueva Zelanda, los políticos se plantearon sin miedo las preguntas de fondo: ¿para qué sirve el gobierno?, ¿por qué sirve tan mal el gobierno a los ciudadanos?, ¿se justifica la intervención del gobierno en tantos ámbitos de la vida social?, ¿cómo garantiza mejor el gobierno tal o cual bien público?, ¿siendo propietario, siendo proveedor o siendo árbitro?
En la Argentina, la respuesta ante una debacle fiscal –muchísimo más grave, por cierto, que la crisis neocelandesa–, fue repetir la dosis de veneno: se echó mano de la retórica política para culpar al mercado –a la sociedad– de todos los males que había generado el propio gobierno. De esta forma, el gobierno argentino hoy día se ha convertido en un gestor de la debacle, su principal tarea es desconocer deudas, negociar ayudas de los organismos multilaterales –como el FMI– y buscar resquicios para seguir expoliando a la sociedad.
Los resultados en cada caso están a la vista. Los reformadores en Nueva Zelanda comprendieron que el déficit fiscal es la señal más visible de los déficit del Estado: déficit de gobernabilidad, déficit de institucionalidad y déficit de rendimiento. Es decir, el gobierno (nombre) no gobierna (verbo), el gobierno está vulnerando la institucionalidad del Estado y el gobierno no rinde un servicio satisfactorio a los ciudadanos.
En la Argentina, la crisis fiscal se convirtió en debacle del Estado justamente porque se eludieron las preguntas de fondo. El gobierno rompió el orden jurídico, robándose el patrimonio de los ciudadanos (corralito financiero), el gobierno desconoció unilateralmente sus compromisos con acreedores nacionales y extranjeros, el gobierno se apoya en quienes violentan cotidianamente el orden jurídico (piqueteros) para amenazar a la sociedad.
Todo esto recuerda la cáustica definición de Fréderic Bastiat sobre el gobierno: “Gobierno es la gran ficción a través de la cual todos nos empeñamos en vivir a expensas de los demás”. La única forma de resolver los distintos déficit del Estado –manifiestos en el déficit fiscal- es replantear el contrato del gobierno con los ciudadanos. Examinar, sin miramientos y con total racionalidad, si el gobierno debe poseer lo que posee, si el gobierno debe gastar lo que gasta y si el gobierno debe regular lo que pretende regular. Hecho el examen, y una vez que se le ha resarcido a la sociedad todo lo que el gobierno indebidamente le expropió, procede la reforma de la administración pública: contratos con cada administrador público que establezcan recursos limitados, metas, plazos y resultados tangibles, a cambio de autonomía de gestión, con incentivos y sanciones para la rendición de cuentas.
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Ricardo Medina Macías, analista político mexicano.