La receta no falla: los burócratas y los legisladores se ponen a jugar al diosecillo omnisciente fijando en el papel precios, márgenes de utilidad, magnitudes de oferta y demanda. El resultado es siempre el mismo: monstruos que devoran sin misericordia a consumidores y contribuyentes.
No sé de dónde sacan los burócratas sabihondos el concepto de "precio justo". Imagino que por las noches, tras rezarle con fervor, se les aparece el "santo patrono del precio justo" y les dice cuánto debe costar, de aquí a la eternidad, un kilo de azúcar refinado, un billete de avión o una llamada telefónica local.
Todavía sacudidos por la revelación del más allá, al día siguiente anuncian –urbi et orbi– que hay que fijar un "piso" y un "techo" a las tarifas aéreas de las líneas nacionales, por ejemplo, y bautizan a su genial idea de piedra angular de una "política aeronáutica nacional".
Mientras tanto, por cierto, los ciudadanos nos debatimos en la indefensión producto de la ausencia de un Estado de Derecho. Eso no inquieta, al parecer, a los legisladores quienes creen que cobran del erario para pontificar sobre los "precios justos" e imponerlos con olímpico desprecio del mercado. Vale decir, de la gente que –en un entorno de libertad y de competencia entre varias opciones– es la que debería fijar cotidianamente los precios, representando unos varios en competencia a la oferta y muchos más a la demanda.
Insisto hoy en la hazaña que se propone realizar el diputado Raúl Cervantes, secretario de la comisión de comunicaciones y transportes de la Cámara de Diputados. Se propone, pese al consuetudinario fracaso de ese delirio, abolir la ley de la oferta y la demanda.
Repito sus declaraciones: Hay que fijarle un "piso" y un "techo" a las tarifas aéreas. Un precio mínimo obligatorio, dice, para evitar que las empresas prestadoras del servicio vendan por debajo de sus costos. ¡Guau!, el diputado Cervantes supone, por lo dicho, que los futuros dueños de líneas aéreas en México –hoy padecemos un monopolio, Cintra, que explota por partida doble a consumidores, con tarifas altas, y a contribuyentes, con insólitas pérdidas que, dado que la propiedad mayoritaria de las aerolíneas es gubernamental, paga el erario– serán débiles mentales a quienes habrá de proteger de los "voraces" consumidores.
Pero también, para temporadas de alta demanda de transporte aéreo, habrá que fijar –dice el genial diputado– un precio máximo obligatorio, para evitar que esos mismos "débiles mentales", los empresarios de la aviación, que de súbito se nos vuelven astutos y voraces hombres de negocios, eleven en demasía sus precios aprovechando la perversidad de la demanda (vale decir, la anomalía terrible de que mucha gente quiera volar y esté dispuesta a pagar por ello).
Es increíble el rosario de disparates e incongruencias de esta propuesta. Digamos, la increíble transformación de los empresarios de la aviación que en la temporada baja son tarados que pierden dinero sin darse cuenta, y en la temporada alta se transforman en despiadados y astutos hombres de negocios que se aprovechan del candor de los consumidores. Nótese que, para el diputado, los consumidores sufren la misma increíble transformación pero en sentido inverso: en temporada baja son voraces y abusivos contra las líneas aéreas y en temporada alta se vuelven candorosos tarados que pagan de más sin rechistar.
Menos mal que para corregir estas perversidades de la oferta y la demanda están el diputado Cervantes y sus colegas. Invocarán al "santo patrono de los precios justos" y recibirán la revelación infalible: tal debe ser el “piso” de las tarifas, cual debe ser el "techo" de las mismas.
¿Y si en vez de rezarle al inexistente patrón de los "precios justos", estos legisladores se dedicaran a garantizar la mayor competencia posible, en plena libertad, de líneas aéreas en beneficio de consumidores y contribuyentes?
De ninguna manera, eso sería –dicen– abdicar de su responsabilidad. Dejar al mercado –a la gente– decidir sobre su vida. ¡Qué horror!
© AIPE
Ricardo Medina Macías, mexicano, es analista político.
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