En México parece haber una fórmula infalible para saber qué se considera "de interés público": Todo aquello en lo que los ciudadanos, como personas libres, no somos bienvenidos.
Tal vez el día que el petróleo deje de ser patrimonio nacional podremos saber cuánto le cuesta a PEMEX obtener un barril en cada campo petrolero, cuánto de dicho costo obedece a condiciones objetivas asociadas a la extracción del energético, cuánto a costos administrativos y financieros y cuánto a las negociaciones laborales con un sindicato poderoso, hermético y temible.
Por fortuna, hay algunas pocas empresas privadas que cotizan en el mercado de valores y así podemos saber cuánto venden cada trimestre, cuál es su margen de utilidad de operación, cuánto deben, a quién, a qué plazos, a qué tasas y en qué condiciones. De esa forma, yo puedo saber que el supermercado en el que compro tiene un margen de ganancia –antes de costes o beneficios financieros– menor al 6% sobre el total de las ventas. Y de la misma forma me he enterado que la compañía telefónica dominante sigue quedándose con un porcentaje de ganancias operativas sobre sus ingresos totales muchísimo más elevado (digamos el 30%), lo que significa que se queda con una buena parte del "excedente" que, en un mercado de libre competencia, correspondería a los consumidores.
Esos son asuntos de interés público y no deja de ser un poquito irritante que sepamos más de varias empresas privadas (que son en realidad públicas, al cotizar en el mercado de capitales) que de algunas empresas públicas (que son en realidad herméticas, gracias a los venerados mitos nacionales). Y que no sepamos cosa alguna de sindicatos que operan en actividades que pomposamente se han bautizado como de "interés público" (a algunos se les llena la boca al decir las dos palabras mágicas, como si fuesen subnormales gritando: "Es un honor estar con Obrador").
Esa es otra ley no escrita del arreglo político: Si es de interés público, que los ciudadanos no metan las narices. Por eso, porque las elecciones son de interés público serán ahora por ley un negocio privado de los partidos políticos. Gran reforma electoral, ¿o no?