Imagínese si para construir su casa la empresa constructora le da un presupuesto de 300 mil euros y que después de comenzar la obra le dicen que cometieron un error en el estimado y que la casa costará en realidad 900 mil euros. O que usted visite un concesionario y decida comprar un automóvil por 20 mil euros, pero al irlo a buscar le dicen que en realidad cuesta 60 euros.
Ambos casos son inaceptables y seguramente usted no estaría dispuesto a dejarse robar porque en un mundo competitivo tal comportamiento es considerado repugnante. Sin embargo, esa suele ser la norma con el gobierno.
Alrededor del mundo, los políticos ofrecen lindas cosas a los electores y contribuyentes. A cada rato oímos que si aceptamos algún aumento de los impuestos gozaremos de mejores carreteras, menor congestión de tráfico, mejor educación para nuestros hijos, programas de ayuda que harán desaparecer la pobreza y toda clase de maravillas parecidas.
La realidad es que los ciudadanos somos constantemente engañados y, a lo contrario de lo que sucede en el mundo comercial privado, tenemos que pagar el precio exigido aunque nunca recibamos lo que nos prometieron.
Aquí en Washington se adelantan varios proyectos de obras públicas que terminarán costando considerablemente más que el presupuesto original. Y no hablo de 30% o 40% más de lo presupuestado, sino del 300% más en el caso del puente sobre el río Potomac y la estación del metro en el aeropuerto Dulles.
Según lo que cuesten, algunos proyectos valen la pena, pero si el coste es exagerado ninguno de ellos merece semejante gasto. Para tomar una decisión es necesario basarse, en cada proyecto, en un estudio objetivo de coste-beneficio y a los contribuyentes se les debe decir, antes de comenzar la obra, a partir de qué coste no vale la pena seguir adelante.
La gente de la localidad no suele protestar porque sabe que gran parte de lo que cuestan esos proyectos no sale de su bolsillo ni de los bolsillos de sus amigos y vecinos, sino de todos los ciudadanos del país, desde la costa del Atlántico hasta el Pacífico. Así vemos que el túnel de la autopista bajo la ciudad de Boston va a terminar costando 10 mil millones de dólares más de lo originalmente presupuestado.
Sin embargo, los miembros del G-8 nos dijeron recientemente que los contribuyentes de todo el mundo debemos gastar 50 mil millones de dólares más para ayudar a África, sin tomar en cuenta la evidencia histórica de que toda la ayuda de gobierno a gobierno lejos de mejorar la situación miserable de la ciudadanía africana la ha empeorado. La solución es abrir los mercados de los países ricos a las exportaciones de los países pobres, pero a eso no están dispuestos los políticos.
La clásica fórmula del engaño político es de asegurar que si una idea o un programa no funcionó en el pasado es porque el financiamiento fue insuficiente.
De parte del G-8 también oímos estupideces sobre el recalentamiento terrestre. Ese engaño es más complejo y los políticos entonces financian aquellos estudios que apoyan sus ideas, al tiempo que ignoran aquellos que no. El objetivo es aumentar impuestos y regulaciones, todo lo cual aumenta su poder.
Aquí también hacen falta estudios objetivos sobre coste-beneficios por parte de técnicos y científicos competentes e independientes.
