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Un alcalde de Caracas encarcelado

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Como sacerdote he visitado muchas prisiones, pero ninguna me ha impresionado más que mi visita el 13 de junio a una cárcel venezolana.
 
La llaman el Helicoide por su retorcida estructura. Se parece al museo Guggenheim en Nueva York, pero más fracturada y llena de delincuentes y prisioneros políticos, además de ser el cuartel de la policía secreta. Está en el centro de la capital, en el distrito Libertador de Caracas, una jungla urbana con cinco alcaldes para sus cinco millones de habitantes.
 
Uno de esos alcaldes, Henrique Capriles, está preso allí por “intimidación pública”, “abuso del poder” y otros cargos inventados a raíz de una manifestación frente a la embajada de Cuba en 2002. No se le han formulado cargos y se le ha negado la libertad bajo fianza. Un tribunal amañado ratificó su arresto el mes pasado.
 
Pero todo el mundo aquí sabe que Capriles está preso por razones políticas. Se trata de un conocido opositor del presidente Chávez y de su régimen, notorio en toda la región por la peligrosa combinación de populismo, socialismo, proteccionismo y nacionalismo. Para defender esa posición, Chávez militarizó al gobierno civil.
 
Como viajé a Venezuela para participar en una conferencia sobre globalización, me interesé en el caso de Capriles y quise visitarlo. En un país católico donde se respeta mucho a la Iglesia, en parte por su heroica oposición a Chávez, ha podido ser mi hábito de sacerdote lo que me abrió las puertas. En las profundidades del Helicoide encontré a un agradable, inteligente y afable joven que irradia fortaleza interna.
 
En estos días Capriles se ha dejado crecer la barba como símbolo de su protesta por estar preso. El es el congresista más joven elegido en Venezuela y su experiencia política que incluye la presidencia de la Cámara de Diputados, comenzó antes de la llegada del imitador de Fidel Castro. Capriles participó en la fundación de un partido nuevo, Primero Justicia, se describe a sí mismo como un moderado y hace chistes porque sus compañeros a veces lo acusan de ser demasiado progresista.
 
Ni Capriles, quien tiene dos títulos en derecho, ni sus abogados entienden la orden de arresto. Las autoridades sostienen que participó en una conspiración para asesinar a Fidel Castro. El incidente fue filmado, pero sólo muestra al alcalde tratando de calmar a una agitada aglomeración que rodeaba a la embajada de Cuba, situada en su distrito, que protestaba contra la influencia cubana en Venezuela.  El embajador cubano aparece agradeciendo la intervención del alcalde, pero la protesta misma es la principal “evidencia” en su contra.
 
Sentado en una pequeña sala de visitas, sobre un asiento que le sacaron a algún automóvil, uno de mis acompañantes examina las paredes y Capriles se ríe y dice: “sí, hay micrófonos por todas partes”. Eso no sorprende en un edificio de los años 50, construido por el dictador Marcos Pérez Jiménez y que ahora es el cuartel de la policía secreta.
 
Chávez se refiere a Capriles como un oligarca radical que “trabaja para el imperio”. Tal retórica es su estilo en estos días. Fuera de la cárcel escuchamos la voz de Chávez, retumbante en la radio. Al igual que su ídolo Castro, en discursos maratónicos ataca al referendo e insiste que la batalla no es en contra de la “oligarquía blanca” en Venezuela, sino contra un enemigo único: George W. Bush. Entonces explotan los aplausos.
 
Si Chávez piensa que Capriles va a retroceder está equivocado: el preso mantiene su optimismo tanto respecto a su caso como a su país. Cuando le pregunté qué le mantiene el ánimo, Capriles, cuya abuela era judía, acaricia el rosario que cuelga de su cuello y dice: “soy tercera generación de inmigrantes. Mi abuela pasó 26 meses en el ghetto de Varsovia bajo los nazis. Yo sólo he estado aquí 33 días. En comparación no es nada”.
           
El problema, dice, es el poder judicial. Sin un poder judicial fuerte e independiente no puede haber libertad ni democracia estable. Human Rights Watch acaba de publicar un informe de 24 páginas denunciando el plan de duplicar el número de jueces del Tribunal Supremo de Justicia, anticipando la pérdida del referendo por parte del gobierno.
           
Esta es mi tercera visita a Venezuela y la primera bajo Chávez. El cambio es notable. Hay más violencia en las calles y la atmósfera está recargada, con barriadas que tienen sus propios guardias. Los noticieros de televisión del gobierno pasan tiras cómicas cubanas sobre lo que sucede a quienes traicionan a la revolución. Como sucedió en Nicaragua, las campañas de alfabetización de los “asesores” cubanos están totalmente politizadas.
 
En mis conversaciones con diferentes venezolanos –sacerdotes, porteros, obreros y periodistas–, todos apuntan al referendo revocatorio del 15 de agosto. La gente presiente que Chávez hará cualquier cosa para mantenerse en el poder, inclusive declarar un estado de emergencia para evitarlo. Otra preocupación son las máquinas de votación: la empresa que tiene el contrato pertenece en parte al gobierno de Chávez.
Un venerable ex ministro, que participó en el primer gobierno democrático, me dijo que la mayor preocupación es el fraude en el referendo. A menos que los organismos internacionales estén muy atentos, es probable que Chávez se robe el resultado y ya los chavistas están hablando de prohibir la participación de observadores extranjeros.
 
De muchas maneras, el caso Capriles simboliza tanto la tristeza como la esperanza de los venezolanos. La tristeza es que los mejores y más brillantes de la nación estén en esa situación. La esperanza es que aun gente como Henrique Capriles es optimista sobre el futuro del país.   
 
© AIPE
 
Robert A. Sirico es sacerdote católico, presidente del Acton Institute.

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