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Venezuela, el coraje perdido

Si el alto grado de inacción por el asalto a la riqueza del venezolano es poca cosa para despertar las alarmas, el recrudecimiento de la violencia sí debería sonar una campanada de alerta para exigir que el Estado vele por el derecho a la vida.

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Impresiona la falta de capacidad de asombro del venezolano medio. Pero alarma, aún más, que también se haya perdido la capacidad de indignarse y de exigir que se respeten los más elementales derechos humanos. Venezuela se desploma, la corrupción está desatada y la vida no vale nada. No hay quien exija que todo esto se detenga y mucho menos que el poder público responda e imponga correctivos. Más bien todo lo contrario.

La impasibilidad del colectivo es tal que no ha reaccionado ante las copiosas informaciones que llegan desde Miami sobre el juicio del Maletín, aún cuando éstas confirman la escalada abrumadora de la corrupción del Gobierno de Hugo Chávez. Peor aún es que la única reacción de indignación visible de los poderes públicos, llamados por la Constitución Nacional a velar por el Erario Público y la idoneidad de sus gobernantes, ha sido porque el Caso del Maletín está siendo investigado seria y objetivamente por un tribunal en Estados Unidos.

Insólitamente, el ex fiscal general, Isaías Rodríguez, afirmó que el delito se cometió en Argentina y no en Venezuela, para excusar el poco interés que ha demostrado el sistema de administración de justicia venezolano en investigar un caso donde están involucrados, entre 800.000 a cinco millones de dólares que se presume fueron extraídos de las arcas públicas ilegalmente.

Peor aún es la insensibilidad que la población muestra ante el azote de la delincuencia que priva la vida de miles de venezolanos. La revista Foreign Policy publicó que Caracas es la ciudad más violenta del mundo, con un récord de 130 homicidios por año por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. Algo impresionante si se tiene en cuenta que en la lista le sigue Ciudad del Cabo, con 62 por 100.000. A pesar de la gravedad de la información que afecta a todos por igual, la seriedad del medio que emitió la información y que los datos provenían de las fuentes gubernamentales, la noticia pasó casi por debajo de la mesa en los titulares de la prensa nacional.

Pero no hay que leer a Foreign Policy para entender la gravedad de la inseguridad en Venezuela. En una semana más de doce personas fueron secuestradas, murieron decenas de ciudadanos en manos del hampa, sin contar los tres recientes sicariatos, incluyendo el que mató con 25 disparos al líder estudiantil Julio Soto, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia.

La falta de una reacción contundente de los venezolanos ante esta grave situación se puede atribuir, en parte, a que quedan muy pocas televisoras independientes después del cierre de RCTV, y las que quedan tienen que pasar obligatoriamente por el tamiz de leyes mordazas y de organismos fiscalizadores del Gobierno. Y de las decenas de medios oficialistas que pululan no se puede esperar información objetiva de hechos que involucran la ineficiencia del Gobierno, ni su cotidiana violación a los derechos humanos.

La inmutabilidad de la población podría imputarse también al miedo que despierta el poder abusivo del Gobierno, a que la violencia es un fenómeno diario en los barrios, calles y poblados, y a que la gente tiene conciencia que ya no puede esperar justicia por parte de este Gobierno.

Si el alto grado de inacción por el asalto a la riqueza del venezolano es poca cosa para despertar las alarmas, el recrudecimiento de la violencia sí debería sonar una campanada de alerta entre los ciudadanos para exigir que el Estado vele por su derecho a la vida.

© AIPE

Robert Bottome es director de VenEconomía.

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