¿Cuantos más deben morir antes de que el gobierno decida actuar eficazmente en contra de la impunidad rampante que padecemos? Menos de cuatro de cada cien delincuentes son castigados en este país. Casi 97 quedan impunes. En México el crimen sin duda sí paga.
El secuestro, el asalto con violencia que acaba en homicidio y el robo de automóviles, de casas habitación, de comercios, en la calle, son crímenes nefandos que nos afectan a todos. Crímenes que generan un ambiente de opresivo malestar social. Y esto es peor todavía cuando los delincuentes son los mismos policías que deberían protegernos.
Todos pedimos seguridad. El clamor es universal. Ricardo Salinas Pliego demandó hace ocho días ante el presidente Fox que el gobierno cumpla con su función esencial: La razón básica de cualquier gobierno es proteger a los ciudadanos. ¿De qué sirve que la economía funcione, que haya crecimiento y los niveles de vida mejoren si la vida misma de los individuos no es protegida y asegurada?
¿Qué está pasando en México? ¿Acaso todo sigue igual? ¿No se ha acabado todavía el corporativismo tradicional? ¿Acaso todavía la ley se puede negociar a base de presiones de grupo? ¿Todavía la justicia se puede comprar en este país? Ojalá no. Cuando a la gente se le pregunta si cree que es más necesario un pacto político de gobernabilidad o un pacto contra la delincuencia, tres de cada cuatro ciudadanos responden que el pacto contra la delincuencia es el más necesario, el más urgente.
Y es natural. La gente cada día está más intimidada por la inseguridad que se vive en todo el territorio nacional. No sólo es en el Distrito Federal y las áreas aledañas. La frontera norte y la frontera sur viven también graves problemas de falta de seguridad. En Acapulco, por ejemplo, han establecido retenes en las entradas y salidas del puerto para tratar de controlar la delincuencia.
Cancún es un destino peligroso. Así lo han anunciado los boletines turísticos que se publican en Estados Unidos. Se anuncia que Guadalajara es la ciudad más peligrosa del país. Los mexicanos pudientes se radican cada vez más en “guetos dorados,” con guardias de seguridad en la entrada y rodeados de altas bardas electrificadas. Estos mismos ciudadanos viajan en coches blindados y con escoltas armados. Qué bueno que puedan hacerlo, pero qué triste que tengan que hacerlo. Y quienes por falta de recursos no pueden protegerse así, ¿qué van a hacer?
Sin duda, la lucha contra el crimen es difícil. En general, no es necesario aumentar las penas que establecen los códigos penales. Si los ciudadanos -tentados a convertirse en delincuentes- supieran que las penas establecidas en la ley son realmente efectivas, el tiempo previsto de cárcel sería una disuasión adecuada. Pero no es así. El “delincuente potencial” calcula con mayor o menor exactitud su “costo de oportunidad”. La probabilidad de caer en manos de la justicia y purgar una pena de cárcel es menor a 4%. Bajo tales circunstancias, el homicidio calificado sólo lleva una pena efectiva de menos de 1,6 años de prisión.
Sin seguridad efectiva, el país no progresa. ¿De que sirve la democracia política si el gobierno no puede proteger nuestras vidas?
©AIPE
Roberto Blum es presidente del CILACE, fundación privada de estudios públicos.
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